La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha anunciado que tomará acciones judiciales y administrativas para anular los contratos de alquiler de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), los cuales han sido calificados como “irracionales” y representan un alto costo para el erario público.
La decisión se produce tras la denuncia realizada ayer por Somos Pueblo Media, que expuso estos contratos millonarios, incluyendo uno que supera los 1,400 millones de pesos por el alquiler de un solo edificio, un monto sin precedentes en la historia de República Dominicana.
Máximo Calzado Reyes, presidente en funciones de la FJT, manifestó que este gasto contrasta profundamente con las políticas de austeridad defendidas por el presidente Luis Abinader. Calzado Reyes expresó su preocupación por el impacto de tales decisiones en la confianza del Gobierno, especialmente en un contexto de propuestas para una posible reforma fiscal.
Para Calzado Reyes, los fondos destinados a estos contratos de alquiler y remodelación representan una “grosera dilapidación de recursos” que contraviene la Constitución de la República, la cual, en su artículo 238, exige transparencia, eficiencia y economía en el uso del dinero público.
La FJT instó a instituciones como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Procuraduría General de la República y el PEPCA a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los contratos de la OGTIC.La fundación adelantó que en los próximos días presentará la documentación necesaria para iniciar el proceso de anulación de estos contratos y se comprometió a velar por una gestión eficiente y racional de los fondos públicos.
