Somos Pueblo – El presidente Luis Abinader autorizó mediante el decreto 175-25 la importación temporal de municiones para armas de uso civil, una medida que aplicará exclusivamente a empresas de seguridad privada y polígonos de tiro. La disposición tendrá una vigencia de seis meses a partir del 28 de marzo de 2025.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Interior y Policía será el encargado de establecer, mediante resolución, los tipos, cantidades y características de las municiones que podrán ser introducidas al país bajo este régimen excepcional.
La medida responde a solicitudes recibidas por parte de empresas del sector seguridad, que han reportado dificultades operativas debido a la escasez de municiones disponibles para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
“Cerca de dos años después, se hace necesario permitir la importación temporal de municiones para armas de uso civil, de conformidad con las solicitudes recibidas por el Ministerio de Interior y Policía de parte de empresas de seguridad privada y de polígonos de tiro”, señala el texto legal.
La autorización no incluye a particulares ni al comercio civil general, ya que se mantiene vigente la restricción establecida en el artículo 3 del decreto 30-23, emitido en febrero de 2023, el cual prohibía la importación de municiones con fines comerciales.
Según el artículo 4 del nuevo decreto, vencido el plazo de seis meses, volverá a estar prohibida la importación de este tipo de materiales, salvo que el Poder Ejecutivo disponga lo contrario.
Las empresas interesadas en acogerse a la disposición deberán contar con las licencias y autorizaciones vigentes conforme a lo establecido en la Ley 631-16, que regula el control de armas, municiones y materiales relacionados en la República Dominicana.
El decreto 175-25 tiene como objetivo fortalecer el marco de control estatal sobre la tenencia, uso y comercialización de municiones, al tiempo que se da respuesta a una necesidad operativa puntual del sector de seguridad privada, según indican sus considerandos.
La medida se enmarca en un contexto de vigilancia constante por parte del Estado dominicano. En los últimos cuatro años, las autoridades han decomisado cientos de armas ilegales y millones de unidades de municiones, como parte de los esfuerzos por mantener el control sobre el tráfico y el uso indebido de estos materiales.
