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martes, febrero 4, 2025

Gobierno estudia restringir servicios públicos a extranjeros indocumentados

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Santo Domingo. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el Gobierno evalúa eliminar la gratuidad de los servicios públicos para los extranjeros en situación irregular dentro del país. La posible medida, aún en fase de estudio, responde al impacto que la crisis haitiana ha tenido sobre el sistema de salud y otros sectores esenciales en República Dominicana.

Durante su encuentro semanal con la prensa, LA Semanal, Abinader fue cuestionado sobre las políticas gubernamentales respecto al acceso de extranjeros a los servicios de salud, en particular las parturientas haitianas que llegan al país en busca de atención médica. En su respuesta, el mandatario subrayó que la crisis socioeconómica de Haití ha generado una presión significativa sobre los servicios públicos dominicanos, lo que ha llevado a su administración a replantear la manera en que estos son brindados.

El presidente destacó que el Estado evalúa implementar «mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, por la vía del acceso o por ambos». Esta declaración sugiere un endurecimiento de las políticas migratorias en un contexto donde el Gobierno ha incrementado los controles fronterizos y las deportaciones de haitianos indocumentados. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre cómo se aplicaría esta medida genera interrogantes sobre su viabilidad y su impacto en el sistema de salud, especialmente en hospitales que ya enfrentan una alta demanda de pacientes extranjeros.

El anuncio se enmarca en un escenario de crecientes tensiones entre República Dominicana y Haití, con el Gobierno dominicano reclamando mayor intervención de la comunidad internacional en la crisis haitiana. Mientras sectores nacionalistas aplauden la posible medida como un paso necesario para proteger los recursos del país, organizaciones de derechos humanos advierten sobre sus implicaciones humanitarias, en particular para mujeres embarazadas y menores de edad. En los próximos días, se espera que el Ejecutivo precise los alcances de la propuesta y defina si la misma se implementará de manera inmediata o progresiva.

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