Santo Domingo, 1 de julio de 2025.
Somos Pueblo – El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, denunció este lunes un preocupante aumento en el gasto publicitario del Gobierno dominicano durante los últimos años, particularmente en el 2024, año electoral. La organización afirmó que los niveles de inversión en publicidad oficial alcanzaron cifras «históricas y alarmantes», violando principios fundamentales de transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.
Durante el primer cuatrimestre de 2024, el gasto público en publicidad ascendió a RD$3,121 millones, lo que representa un aumento de más del 535 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se ejecutaron RD$491 millones. Aunque en el 2025 la cifra disminuyó a RD$2,445 millones, continúa siendo cuatro veces mayor que en el año preelectoral.
Instituciones con mayor aumento
Entre las entidades gubernamentales que registraron los incrementos más significativos en términos absolutos y relativos destacan:
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
- Cámara de Diputados
- Programa Supérate
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
No obstante, Participación Ciudadana advierte que no existen datos públicos que permitan conocer los criterios técnicos de contratación, los medios seleccionados, ni los objetivos institucionales de las campañas publicitarias. La falta de trazabilidad e información detallada sobre los beneficiarios de contratos multimillonarios vulnera directamente la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y plantea serias dudas sobre un uso partidista o clientelar de los fondos estatales.
Decreto presidencial y normativa ignorada
En respuesta a la presión social, el presidente Luis Abinader promulgó en enero de 2024 el Decreto 1-24, que establece lineamientos claros sobre el uso de la publicidad oficial. Según este decreto, toda campaña debe perseguir fines institucionales legítimos, como informar a la ciudadanía sobre sus derechos, deberes, servicios públicos o avances en rendición de cuentas.
Además, el decreto prohíbe expresamente que la publicidad oficial sea utilizada con fines políticos, electorales o como subsidio encubierto a medios, comunicadores o influenciadores.
A esto se suma el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que obliga a justificar de manera rigurosa cada contratación, incluyendo la selección del medio de difusión. Sin embargo, Participación Ciudadana denuncia que estas normas están siendo ignoradas sistemáticamente.
Exigencias de Participación Ciudadana
En vista de esta situación, la organización propuso un conjunto de medidas orientadas a restaurar la confianza pública y garantizar un uso transparente de los fondos asignados a la comunicación gubernamental. Entre ellas se destacan:
- Publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial de los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025, incluyendo detalles de montos, beneficiarios y objetivos.
- Auditoría urgente e independiente del gasto publicitario en dicho período, con el respaldo de entidades externas y con participación de la sociedad civil.
- Aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Contrataciones Públicas, así como sanciones para quienes hayan incumplido sus disposiciones.
- Creación de un sistema de monitoreo ciudadano permanente para supervisar la contratación publicitaria del Estado.
- Aprobación de regulaciones vinculantes que limiten el gasto en publicidad oficial durante años electorales, para evitar desequilibrios democráticos y la utilización de recursos públicos para favorecer candidaturas.
Un problema estructural y reiterativo
Participación Ciudadana reiteró que el uso desproporcionado de recursos públicos en propaganda durante los años de comicios es una práctica recurrente en la política dominicana, que erosiona la equidad electoral y dificulta la competencia democrática. En ese sentido, el gasto desmedido y sin fiscalización no solo constituye una infracción administrativa, sino una amenaza directa al sistema institucional del país.
“El aumento explosivo del gasto en publicidad oficial durante el año 2024 refleja una estrategia política peligrosa que compromete la transparencia, la legalidad y la ética en el manejo de los recursos del Estado”, concluyó la organización.
