Somos Pueblo. – El Poder Ejecutivo, a través del decreto 25-25 firmado por el presidente Luis Abinader el pasado 17 de enero, autorizó nuevamente la aplicación de procedimientos de excepción para la adquisición de armamento, municiones, vehículos y otros equipos destinados a la seguridad nacional. Esta es la octava ocasión en que el Gobierno adopta esta medida desde diciembre de 2020.
El decreto permite que ocho instituciones estatales y castrenses realicen compras y contrataciones bajo esta modalidad, que según la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, se reserva para «escenarios y sucesos atípicos» que requieren respuestas ágiles. Con esta disposición, se busca garantizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la defensa nacional en un contexto de amenazas crecientes relacionadas con el crimen organizado, el tráfico de armas y el tráfico de personas.
Las instituciones que pueden acogerse a estos procedimientos son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Estas entidades están autorizadas a adquirir armas letales, municiones, bombas de gas, chalecos antibalas, radares terrestres y aéreos, sistemas informáticos y servicios de consultoría relacionados exclusivamente con la seguridad nacional.
La medida busca reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante situaciones que representen un riesgo para el país. Sin embargo, también ha generado debates sobre la transparencia en los procesos de adquisición y la pertinencia de prolongar indefinidamente este tipo de excepciones.
El decreto también establece que toda la información referente a las contrataciones de seguridad nacional será clasificada como «reservada», lo que implica que los detalles de los acuerdos y las adquisiciones no serán de acceso público. No obstante, las instituciones involucradas tienen la obligación de rendir informes periódicos al Poder Ejecutivo sobre el uso de estos mecanismos.
Desde la primera aprobación de esta medida en diciembre de 2020, el Gobierno ha emitido sucesivos decretos que han prorrogado su aplicación en julio de 2021, marzo y septiembre de 2022, enero de 2023, enero y agosto de 2024. La prórroga de agosto del pasado año extendió la vigencia hasta diciembre de 2024, y ahora la reciente autorización estará en vigor hasta finales de este año.
El Gobierno ha argumentado en cada ocasión que estas medidas son necesarias para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad nacional con rapidez y eficiencia. En reiteradas oportunidades, el presidente Abinader ha defendido la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad con equipamiento moderno y suficiente para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.
Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo mantiene su postura de que la seguridad nacional requiere respuestas expeditas y flexibles. Sin embargo, persiste el debate sobre si esta política debe seguir aplicándose de manera recurrente o si es necesario implementar mecanismos que garanticen una mayor supervisión y control sobre las adquisiciones excepcionales en el ámbito de la seguridad nacional.
