Este sábado 7 de febrero de 2026, Haití enfrenta una profunda crisis institucional y política al expirar formalmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) —el órgano que estaba al frente del país desde abril de 2024 con la misión de organizar elecciones y devolver el poder a autoridades electas— sin haber cumplido su objetivo.
El mandato del CPT terminó este 7 de febrero, y no hay autoridades electas ni un sucesor acordado, lo que ha dejado a Haití sin un ejecutivo con legitimidad democrática.
Oficialmente no hay presidente, senadores, diputados ni síndicos en funciones, lo que genera un colapso institucional en toda regla.
El sistema judicial está prácticamente paralizado, y no existe un esquema claro de autoridad para gestionar seguridad, justicia o la administración pública.
Según reportes, el presidente saliente del CPT, Laurent Saint-Cyr, realizará una ceremonia pública y entregará funciones al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien debería garantizar la continuidad del Estado.
No obstante, esta transición no fue producto de elecciones populares, y sectores de la oposición la consideran ilegal o insuficiente para llenar el vacío institucional.
La falta de consenso político mantiene al país en un limbo, con presión internacional (incluido respaldo político de Estados Unidos a Fils-Aimé) pero sin una dirección clara para la gobernanza.
