Por la estafa al programa “Quédate en Casa” han sido suspendidos 275 negocios que formaban parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS), por las evidencias de que en esos comercios se sustrajeron recursos destinados a beneficiarios del plan.
De estos negocios hay 271 vinculados a las 126,770 reclamaciones hechas por beneficiarios del plan que se inició en abril del pasado año.
Un total de 20 personas han sido sometidas a la Justicia acusadas de participar en la presunta defraudación millonaria al programa de asistencia social “Quédate en Casa”, acción que implica la sustracción de RD$294 millones desde que se inició el plan en abril de 2020.
Las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) arrojan que se realizaban hasta 2,400 transacciones en menos de 24 horas, en horarios de madrugada, cuando se supone que los negocios estaban cerrados.
De acuerdo con datos de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), de estos negocios 180 fueron suspendidos de manera permanente y de forma temporal 95, estos últimos hasta que concluyan las investigaciones de la distracción de los montos destinados a las personas de escasos recursos durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19.
Los detenidos por la estafa a los fondos de “Quédate en Casa” serían acusados de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, entre otros ilícitos de tipo penal.
El total de comercios activos que dispensan alimentos a través de la RAS es de 7,171 de los que 5,725 trabajan de manera permanente y se agregaron de manera temporal 1,541.
Las evidencias de las investigaciones señalan que una mafia de ciberdelicuentes operaba en complicidad con propietarios de los comercios y que hay empleados de la gestión pasada vinculados a la operación que hasta el momento se ha determinado que defraudó RD$294 millones del programa “Quédate en Casa”. No vinculan a personal actual de la ADESS, de acuerdo con la indagación.
Las investigaciones se iniciaron desde agosto del pasado año, a pesar de que las denuncias de sustracción de fondos se hicieron desde la segunda entrega del beneficio, en mayo de 2020.
“Una de las primeras acciones tomadas luego de asumir la dirección de la ADESS, fue apoderar al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), y al titular de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Feliz Vargas, con quien hemos coordinado hasta ahora”.
