Somos Pueblo | Un hombre identificado como José Ignacio, oriundo del municipio de Piedra Blanca, denunció que permanece privado de libertad desde hace tres años tras ser señalado por un incidente menor. Se informó que el detenido es acusado del supuesto robo de varios limones en una propiedad privada de la zona. Se alega que, a pesar del tiempo transcurrido y la naturaleza del hecho imputado, el ciudadano aún no ha recuperado su libertad ni se ha resuelto su situación jurídica. Se presume que este caso representa una supuesta irregularidad en los plazos procesales establecidos por la normativa penal dominicana.
Desde su reclusión en la fortaleza de Cotuí, José Ignacio asegura de manera categórica que no cometió el robo que se le atribuye y por el cual fue procesado. Se informó que el afectado clama por una revisión de su expediente, alegando que su permanencia en prisión es desproporcionada en comparación con la supuesta falta. Se alega que la falta de recursos económicos ha dificultado que el imputado reciba una defensa técnica que agilice su salida del recinto penitenciario. Se presume que la justicia local ha mantenido al ciudadano bajo una medida de coerción que sobrepasa los límites razonables de la ley.
El caso ha generado diversas reacciones en la comunidad de Piedra Blanca, donde familiares y allegados cuestionan la severidad con la que se ha tratado este supuesto delito. Se informó que el denunciante hace un llamado directo a las autoridades judiciales y al Ministerio Público para que su caso sea evaluado con transparencia. Se alega que el robo de productos agrícolas de escaso valor económico no debería resultar en una condena o prisión preventiva tan prolongada. Se presume que existen fallas en el sistema de seguimiento de causas que mantienen a personas de escasos recursos en un limbo legal.
Finalmente, el ciudadano espera que su denuncia pública sirva para que los organismos de derechos humanos intervengan y verifiquen las condiciones de su detención. Se informó que la situación de José Ignacio es similar a la de otros internos que supuestamente padecen el olvido de los tribunales por delitos menores. Se alega que la justicia dominicana enfrenta el reto de garantizar que la prisión sea el último recurso y no la norma para casos de supuesta bagatela. Se presume que, de no recibir atención inmediata, este hombre continuará cumpliendo una pena de facto sin una sentencia definitiva que sustente su encierro.
