La importancia de tener un Poder Judicial independiente vuelve a ser tema de debates ante un conflicto de intereses entre la función jurisdiccional y la activa militancia política que tuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, quien horas antes de ser juramentado puso fin a su activismo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) órgano al que pertenecen dos de los seis imputados por los sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht.

Durante la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, este también fue un tema que llamó la atención del consejero José Ignacio Paliza al destacar que entre todos los aspirantes a integrar la Alta Corte él era la figura política de más nombre o de más trascendencia y por tal razón le preguntó ¿cómo convencernos a nosotros y al país que esa relación política que existe, su militancia, miembro de un organismo importante de su partido, no va a generar o afectaría la independencia del Poder Judicial y más aún, mantendría esa codependencia que existe entre el poder político y poder judicial?

“Estamos claros de que hay una incompatibilidad de juez y cualquier otra actividad no sea la docencia… Pero, además, estamos claro que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y prevé la recusación para proteger a cada uno de los ciudadanos. Yo creo en el ordenamiento institucional, creo en la Constitución dominicana. Respeto la Constitución y las leyes, pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi respeto a la ciudadanía”, respondió enfáticamente Molina Peña.

Previo al inicio de la continuación de la audiencia fijada para este martes 17 de septiembre a las 3:00 de la tarde o al reanudarse la misma, el presidente del Pleno debería referirse respecto a si se inhibirá o no de continuar con el juicio donde están imputados el senador Tommy Galán Grullón, con quien trabajó en la coordinación de la campaña electoral del año 2016, y Víctor Díaz Rúa, suspendido secretario de finanzas del PLD.

La razón por la cual el caso se conoce en única instancia por el Pleno de la Suprema se debe a que Galán Grullón tiene privilegio de jurisdicción. Henry Molina fue el coordinador provincial de campaña en San Cristóbal, mientras que Galán fue una persona clave, además de candidato a senador en ese proceso electoral.

En el artículo 78 del Código Procesal Penal se establece como causal de inhibición y recusación de los jueces, entre otras cosas, “tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las partes e intervinientes” o “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”.

Si el presidente decide inhibirse de conocer el juicio en donde también son imputados Andrés Bautista, Ángel Rondón Rijo, Juan Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga o es recusado por alguno de los abogados de la barra de defensa, la última palabra la tienen los jueces del Pleno.

NOTICIA DE DIARIO LIBRE, RPELICADA POR SOMOS PUEBLO

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