Somos Pueblo | Según se desprende de los interrogatorios realizados por el Ministerio Público, un grupo de implicados en el caso de supuesta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) reveló detalles sobre un esquema de financiamiento político. José Pablo Ortiz Giráldez, quien se identifica como amigo de tres décadas de Santiago Hazim, aseguró que el exdirector era «enfático» en que el dinero obtenido debía destinarse a las elecciones. Según el testimonio, Hazim supuestamente justificaba la falta de comisiones para sus colaboradores bajo el argumento de que debían ganar para mantenerse en el poder.
El esquema habría operado mediante dos modalidades: transacciones bancarias iniciales y, tras la vinculación de algunos actores en la Operación Calamar, entregas de dinero en efectivo en fundas negras. El empresario Eduardo Read Estrella declaró ante la PEPCA que, bajo esta supuesta dinámica, entregó más de 1,109 millones de pesos en efectivo entre septiembre de 2022 y agosto de 2025. Los pagos, que representaban presuntamente entre un 30% y un 35% de los contratos asignados, habrían sido recibidos directamente por Hazim en diversos lugares como vehículos, restaurantes o apartamentos.
Por su parte, la empresaria Cinty Acosta, propietaria de Nutrimed, admitió haber pagado sobornos que ascendieron a más de 536 millones de pesos, entregados supuestamente al exconsultor jurídico Germán Robles Quiñones. En su declaración, Acosta mencionó que incluso se le habría solicitado un aporte adicional para la supuesta campaña a diputado del esposo de una funcionaria de la institución. Estos recursos líquidos habrían servido para cubrir presuntas deudas electorales del año 2024, según las excusas que, de acuerdo al testimonio de Ortiz Giráldez, el propio Hazim utilizaba para no repartir beneficios.
Esta supuesta red de corrupción administrativa habría iniciado en octubre de 2020 y concluido apenas en agosto de 2025, tras la salida de Santiago Hazim de la dirección de SeNaSa. Los interrogatorios detallan que se crearon empresas para canalizar los fondos, los cuales eran convertidos mayormente a dólares antes de su entrega final. Las autoridades investigan ahora la magnitud total de este presunto desvío de fondos públicos hacia actividades proselitistas del oficialismo, mientras la sociedad civil exige que se aclare si estos aportes millonarios fueron reportados ante los organismos de control electoral.
