La acusación presentada ayer contra los implicados en la explosión del 14 de agosto de 2023, en una fábrica de plásticos de San Cristóbal, establece penas de hasta 2 años de prisión correccional y una multa entre 25 y 100 pesos, según lo estipula el Código Penal Dominicano.
Los imputados son acusados de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal, que sanciona a quienes, por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos, causan muertes de manera no intencional. Además, la acusación se amplía con cargos por violaciones a la Ley General de Salud 42-01 y la Ley de Medioambiente y Recursos Naturales 64-00, cubriendo aspectos relacionados con la seguridad en la actividad comercial y la protección del medioambiente.
El expediente fue sometido al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal contra los propietarios de la fábrica, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal, y la empresa Vidal Plast SRL. La explosión ocurrió en las instalaciones de esta empresa, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, generando fuertes ondas expansivas y un siniestro con graves consecuencias.
El Ministerio Público sostiene que la explosión fue causada por la imprudencia y la falta de cumplimiento de las normas de seguridad en el almacenamiento de plásticos. Las primeras señales de negligencia se habrían manifestado el 18 de marzo de 2023, cuando una chispa originada durante trabajos de herrería en la fábrica desencadenó un pequeño incidente químico, generando humo y calor que lesionó a un trabajador.
La investigación concluye que la causa del fatal siniestro fue el uso del químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico empleado en la industria del plástico para modificar polímeros. Bomberos que atendieron la emergencia identificaron este compuesto como el detonante de la explosión, descartando un incendio eléctrico.
