Somos Pueblo – El proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, contempla la creación del Instituto Nacional de las Comunicaciones (INACOM), un organismo con amplias atribuciones para regular medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales en la República Dominicana.
Según el texto del anteproyecto, el INACOM tendría la potestad de imponer sanciones de hasta 2,000 salarios mínimos, ordenar la eliminación de contenidos digitales, suspender transmisiones, revocar licencias y hasta bloquear cuentas en línea, sin requerir autorización judicial previa. Estas atribuciones están contenidas en el artículo 61 del proyecto, el cual permite al órgano “imponer las sanciones administrativas correspondientes a la comisión de las infracciones previstas en la presente ley”, ya sea de oficio o mediante denuncia.
El INACOM será un ente descentralizado, con autonomía funcional y financiera, pero adscrito al Poder Ejecutivo, lo que ha despertado preocupación sobre su verdadera independencia. Expertos del área jurídica y comunicadores han advertido que la vinculación al Ejecutivo podría abrir la puerta al uso político del organismo y a decisiones arbitrarias contra medios críticos o ciudadanos en redes sociales.
La estructura del instituto estará compuesta por un Consejo Directivo de cinco miembros, quienes serán nombrados por el presidente de la República a partir de ternas propuestas por instituciones como la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Colegio de Abogados y las universidades. Los integrantes del consejo tendrán un período de cuatro años, renovable, y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple.
Entre sus funciones, el INACOM podrá emitir códigos éticos obligatorios para medios, periodistas y creadores digitales, así como establecer lineamientos de conducta y criterios de clasificación para el contenido. También podrá actuar de manera inmediata ante infracciones, aplicando medidas “correctivas” cuya ejecución será inmediata, aunque con posibilidad de apelación posterior en los tribunales.
Además, el proyecto transfiere al nuevo instituto todas las funciones de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que quedaría disuelta, consolidando en una sola entidad la fiscalización de todo el sistema de comunicación en el país.
Aunque la ley reconoce el derecho a la defensa y a la apelación judicial de las sanciones impuestas, críticos han señalado que el INACOM asumirá competencias típicas de los tribunales sin ser una instancia judicial, lo que podría poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia.
El proyecto ha sido defendido por la Sociedad Dominicana de Diarios y por la Comisión Consultiva que lo elaboró, pero distintas voces del periodismo independiente, juristas y sectores sociales han comenzado a manifestar inquietudes sobre los alcances reales de esta nueva legislación y su potencial uso como mecanismo de censura administrativa.
