En el informe preliminar sobre las elecciones llevadas a cabo en República Dominicana, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), destacó que en el país se pudo comprobar el activismo político de funcionarios públicos, incluyendo al presidente Danilo Medina.
Apuntó que la participación en actividades de campaña está prohibida, según normas establecidas en el país, como la ley 41-08 de Función Pública y la ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19.
Esta última normativa habla en su artículo 284 sobre los delitos electorales, apuntando que serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público quienes quebranten lo estipulado.
En su inciso 15 dice que serán penados “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.
La MOE/OEA indicó en el informe que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, había solicitado la prudencia del mandatario ante el incumplimiento de esta normativa.
Castaños se pronunció públicamente tras la participación del presidente en actividades políticas que buscaron apoyar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, días antes de celebrarse en el país las elecciones presidenciales y congresuales.
Ante esta situación, la misión de observación solicitó a la JCE a “armonizar la legislación y estipular las prohibiciones de forma clara y consciente”.
Asimismo, señaló que antes de celebrarse los comicios hubo propaganda electoral y actos de campaña en que se “amenazaba” o prometían empleos públicos según el resultado electoral que se obtuviera.
Por consiguiente, este organismo, representado por el expresidente de la República de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recalcó que estas promesas van contra la dignidad de las personas y la confianza de la ciudadanía en el aparato gubernamental.
