Somos Pueblo – Santo Domingo, 9 de julio de 2025 — La comunicadora e influencer Ingrid Jorge, conocida como «La Torita», fue detenida este miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impusiera medidas de coerción por presunta difamación e injuria en perjuicio del procurador adjunto Iván Féliz.
Según informó el Ministerio Público, Jorge habría publicado contenidos en medios electrónicos que, a juicio de las autoridades, constituyen agravios contra el funcionario. La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedapec), que inicialmente solicitó una garantía económica de 2 millones de pesos en efectivo, además de otras restricciones.
Tras conocerse la decisión judicial, el tribunal le impuso una garantía económica de 1 millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica ante el juez y prohibición de salida del país. Jorge fue trasladada momentáneamente a la celda preventiva del Palacio de Justicia, en cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
La audiencia fue celebrada en horas de la mañana, pero el tribunal declaró a la acusada en rebeldía de manera provisional debido a su tardanza. La orden fue levantada minutos después, una vez Jorge compareció de manera voluntaria.
Además de este caso, Ingrid Jorge enfrenta otro proceso judicial pendiente por denuncias similares, esta vez interpuestas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La audiencia de ese proceso está programada para el próximo viernes 18 de julio.
En relación con este último expediente, la ministra Raful ha declarado públicamente su intención de continuar con las acciones legales hasta agotar todas las instancias pertinentes, reclamando una indemnización de 50 millones de pesos por presuntos daños a su honra, tanto contra Jorge como contra el comentarista Ángel Martínez.
Las autoridades han reiterado que estos procedimientos responden al cumplimiento de las normativas penales vigentes en materia de expresión pública, y que el debido proceso será garantizado en cada una de las etapas judiciales.
