Somos Pueblo | El Gobierno dominicano ha puesto en marcha la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una normativa que busca transformar el manejo de desechos en el país. Promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de diciembre, la ley activa un plazo de 12 meses para eliminar la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en todos los comercios. A partir del 15 de diciembre de 2026, los establecimientos estarán obligados a cobrar por estas bolsas o sustituirlas por alternativas reutilizables o reciclables.
La normativa también establece prohibiciones inmediatas que impactan el consumo diario de los dominicanos desde este mes de enero de 2026. Ya no se permite la comercialización de sorbetes, cubiertos plásticos ni productos de poliestireno (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad debidamente validada. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene ahora un plazo de 60 días para presentar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, el cual servirá como hoja de ruta para la sostenibilidad del sistema.
Para fortalecer la gestión local, la ley dispone que las alcaldías y juntas municipales reciban fondos mensuales basados en su población para el manejo eficiente de los residuos. Los gobiernos municipales tienen un año para someter sus planes específicos al ministerio, mientras que se fija un plazo máximo de 48 meses para clausurar todos los vertederos a cielo abierto del país. Aquellos comercios o instituciones que incumplan estas disposiciones se enfrentarán a sanciones severas, que incluyen multas de hasta tres mil salarios mínimos y la inhabilitación operativa temporal.
Aunque la medida ha sido aplaudida por grupos ambientalistas, diversos gremios empresariales han expresado su preocupación por el impacto económico en la industria del plástico. La ley contempla excepciones limitadas para productos médicos y materiales de construcción donde aún no existen sustitutos viables en el mercado nacional. Con la meta de reducir drásticamente la contaminación en ríos y océanos para el año 2040, la República Dominicana inicia así una transición hacia una economía circular que prioriza el reciclaje y la responsabilidad compartida.
