El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) ha iniciado un proceso de excepción por urgencia para contratar la finalización del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras (Nueva Victoria), con un presupuesto estimado de 2,016.2 millones de pesos.
Este procedimiento se justifica por la «imperiosa necesidad» de poner en funcionamiento el recinto para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria del país, caracterizada por el hacinamiento y la inseguridad.
El Mivhed cuenta con la aprobación de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, creada en abril pasado por decreto del presidente Luis Abinader. Esta comisión tiene como objetivo facilitar la conclusión de los trámites legales y administrativos necesarios para finalizar el penal, que ha sido objeto de acusaciones de malversación de recursos en el caso de corrupción, Medusa.
Según el informe justificativo, el procedimiento de compras se sustenta en dos cartas enviadas por el Ministerio Público al Mivhed, solicitando la agilización de Las Parras.
Una de estas cartas, fechada el 9 de mayo, fue enviada por la procuradora general Miriam Germán Brito, quien pidió acelerar la construcción y finalización de las cárceles en proceso de construcción.
La otra carta, del 10 de mayo, es de Roberto Hernández Basilio, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPO), quien expuso el grado de hacinamiento del 63% de sobrepoblación en el penal La Victoria antes del incendio del 18 de marzo, en el que murieron al menos trece personas. Calculó en 9,900 la falta de plazas en ese lugar.
«Las cárceles preventivas del gran Santo Domingo están sobrepobladas con personas privadas de libertad con medidas de coerción sin tener espacios adecuados para albergarlas», continúa la carta.
«Basándose en el informe de la citada comisión y en lo indicado por el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, es imperativo poner en funcionamiento la ‘Conclusión de la construcción del centro de corrección y rehabilitación Las Parras'», dice un informe de tres peritos designados para verificar la existencia de una necesidad.
Comprobada dicha necesidad, los peritos recomendaron realizar el procedimiento de excepción por urgencia según lo dispuesto en la Ley 340-06 y el Decreto 416-23 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.
Este procedimiento está reservado para la adquisición de «bienes, servicios u obras para atender necesidades provocadas por eventos fortuitos, inesperados, imprevisibles, inmediatos, concretos y probados, que impactan el interés público y están dentro del ámbito de acción de una institución pública».
