San José de Cúcuta, Colombia – La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha logrado capturar a Loany Lismeiry Ortiz, una de las principales implicadas en la OperaciónGuepardo, que destapó una de las redes de estafa inmobiliaria más grandes que ha afectado a miles de dominicanos y extranjeros. La detención de Ortiz, quien estaba prófuga, tuvo lugar en San José de Cúcuta, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Este caso no solo pone en evidencia la magnitud del fraude, sino también el creciente desafío que enfrentan las autoridades para enfrentar estructuras delictivas cada vez más sofisticadas.
El caso, que fue dado a conocer inicialmente por El Informe con Alicia Ortega, ganó aún mayor visibilidad gracias al trabajo de Somos Pueblo Media. A través de un video publicado el 14 de febrero, el medio amplificó la denuncia sobre una red de estafadores que operaba principalmente en el sector inmobiliario, engañando a cientos de personas con proyectos falsos y dejando a muchas víctimas en una difícil situación financiera y emocional.
En su reporte, Somos Pueblo Media desglosó las artimañas empleadas por los implicados, quienes utilizaron plataformas digitales y el nombre de la multinacional inmobiliaria RE/MAX para ganar credibilidad ante sus víctimas. Esta estrategia manipulativa no solo se limitó a captar clientes en territorio dominicano, sino que también logró extender sus tentáculos hacia otros países, afectando a inversionistas extranjeros.
La Operación Guepardo ha puesto en la mira a varios individuos que, según el Ministerio Público, formaban parte de una estructura criminal que orquestó la estafa a través de diversas empresas fachada. Entre los implicados figuran Yves Alexandre Giroux, Loany Ortiz, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, además de las entidades Novasco Real State SRL, Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia en República Dominicana.
El Ministerio Público ha señalado que los acusados promovían proyectos inmobiliarios inexistentes, utilizando publicidad engañosa y sistemas electrónicos para captar grandes sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos. Una vez recaudados los fondos, los estafadores desaparecían sin dejar rastro, dejando a los afectados con la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con su inversión.
A la luz de estos hechos, el órgano acusador solicitó que el caso sea declarado complejo, argumentando que la red operaba con una estructura bien organizada y que involucraba a varias personas y empresas. Asimismo, ha pedido 18 meses de prisión preventiva para los imputados mientras continúa la investigación.
Este tipo de delitos, que afectan directamente a ciudadanos comunes en su deseo de invertir en el sector inmobiliario, pone en evidencia una problemática más amplia en el sistema judicial y económico del país. Aunque el Ministerio Público ha tomado medidas con la captura de los implicados, la pregunta sobre la eficacia de las autoridades para prevenir este tipo de fraudes sigue en el aire.
Expertos en el área de seguridad y justicia han manifestado que este caso refleja la necesidad urgente de fortalecer la supervisión sobre las empresas del sector inmobiliario y de mejorar los mecanismos de alerta temprana para evitar que más personas caigan en estas redes de engaño. De acuerdo con la analista en seguridad jurídica, Laura Martínez, “es fundamental que las autoridades implementen protocolos más estrictos en cuanto a la verificación de proyectos inmobiliarios y que se refuercen las leyes para castigar con mayor severidad a los estafadores.”
La detención de Loany Ortiz es solo un paso dentro de un proceso judicial que promete ser largo y complicado. Mientras tanto, el caso sigue siendo un recordatorio de los peligros que acechan a los inversionistas incautos y de la importancia de una prensa libre y valiente como la de Somos Pueblo Media, que continúa dando visibilidad a estos casos y luchando por la justicia. Este tipo de denuncia no solo permite que se hagan responsables a quienes cometen estos delitos, sino que también contribuye a generar conciencia sobre la importancia de estar informados y actuar con cautela en el mercado inmobiliario.
En los próximos días, la audiencia para conocer la medida de coerción contra los involucrados será clave para determinar el rumbo de este proceso. La sociedad espera que el caso llegue a su debido término, y que, además de castigar a los responsables, se establezcan mecanismos que eviten futuras estafas de esta magnitud.
