Somos Pueblo.- La Junta Central Electoral (JCE) ha presentado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que busca reglamentar las candidaturas independientes en República Dominicana. Sin embargo, lejos de allanar el camino para una mayor participación ciudadana, la iniciativa impone una serie de condiciones que muchos califican como limitantes severas para quienes aspiren a postularse fuera del marco partidario.
El proyecto, que surge tras la sentencia TC/0788/2024 del Tribunal Constitucional —la cual anuló disposiciones de la Ley Electoral 20-23— establece una estructura legal para las llamadas “Asociaciones Cívicas”, entidades sin fines de lucro creadas exclusivamente para promover candidaturas independientes. No obstante, los requisitos exigidos y las limitaciones que impone el proyecto han generado críticas desde distintos sectores, al punto de considerarlo un “no disfrazado” a la participación sin partidos.
Requisitos restrictivos
De acuerdo con la propuesta legislativa, las asociaciones cívicas deberán constituirse con un único objetivo: presentar candidatos independientes en un proceso electoral específico. Estas agrupaciones no podrán mantenerse activas tras finalizado el proceso en el que participen, ni postular nuevamente sin antes crearse como una nueva entidad.
Para poder inscribirse formalmente, las asociaciones deberán contar con un acta constitutiva, una cuenta bancaria institucional, registro ante la Procuraduría General de la República (PGR), y cumplir con sus obligaciones fiscales. A esto se suma la necesidad de utilizar una aplicación digital para la recolección de firmas, mecanismo que será obligatorio.
Una de las condiciones más controvertidas es la recolección del 2 % del padrón electoral correspondiente al nivel (municipal, provincial o nacional) como aval ciudadano. Esta cifra ha sido señalada como excesiva por legisladores y analistas, ya que supera incluso los requisitos exigidos para ciertos cargos en los partidos establecidos. El proyecto además exige un año de desvinculación formal de cualquier organización política, requisito que algunos legisladores también han considerado insuficiente.
Limitaciones de fondo
Las candidaturas independientes bajo esta nueva figura también enfrentarán severas restricciones en términos de financiamiento y representación. No podrán recibir fondos públicos y solo podrán financiarse a través del sector privado, con estrictos controles e informes financieros periódicos.
En cuanto a su participación en el proceso electoral, no podrán realizar alianzas con partidos, no podrán reemplazar candidatos en caso de inhabilitación, renuncia o fallecimiento, ni tampoco podrán beneficiarse del método de distribución de escaños D’Hondt. Asimismo, su participación en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) queda vetada por la misma normativa.
Estas restricciones, sumadas a la limitación de presentar un máximo de tres candidaturas por demarcación, dibujan un panorama restrictivo que contrasta con la intención declarada de ampliar las vías de participación democrática.
Reacciones en el Congreso
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, expresó que tanto los partidos tradicionales como las asociaciones cívicas pueden coexistir dentro del sistema democrático, aunque reafirmó el rol central de los partidos como estructura esencial de la vida política del país.
No obstante, en el Congreso se alzaron voces que piden modificar aspectos clave del proyecto. El diputado Elías Wessin Chávez, presidente de la Comisión Permanente de JCE, considera que el umbral del 2 % debe reducirse al 1 %, en consonancia con lo que se exige a los diputados nacionales. Según afirmó, “si nosotros llegamos con un 1 %, ¿por qué exigir más a quienes vienen de fuera del sistema partidario?”.
Por su parte, el legislador Carlos de Pérez solicitó ampliar el plazo de no militancia política, argumentando que un solo año resulta insuficiente para garantizar la independencia de quienes opten por esta vía.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Mayobanex Martínez criticó un proyecto alterno propuesto por el senador Ramón Rogelio Genao, el cual plantea eliminar tres artículos clave de la Ley 20-23. Martínez considera improcedente esta iniciativa, ya que esos artículos sustentan el marco legal que permitiría a las candidaturas independientes participar con igualdad de condiciones. A su juicio, la propuesta de la JCE representa un punto de equilibrio alcanzado con el consenso de los partidos.
Un debate que apenas comienza
El proyecto de ley ha sido remitido a la Comisión Permanente de JCE para su estudio, donde será analizado en detalle antes de su posible aprobación o modificación. Mientras tanto, el debate sigue abierto tanto en el Congreso como en la opinión pública.
La intención de facilitar la participación independiente parece quedar opacada por una serie de exigencias técnicas y legales que, en la práctica, podrían desincentivar a quienes busquen postularse sin el respaldo de una maquinaria partidaria. De ser aprobada en sus términos actuales, esta ley podría convertirse en un muro más que en una puerta hacia una democracia más inclusiva.
