Mediante un extenso comunicado emitido a la prensa nacional, el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en e Caso Medusa, denunció que las actuales autoridades del Ministerio Público se hacen de la vista gorda antes los actos de corrupción realizados en este Gobierno desde varias instituciones.
Desde la cárcel de Najayo, Rodríguez se quejó de que el Ministerio Público no ha sometido a funcionarios del Partido Revolucionario Moderno. Se refirió a la renuncia del exministro de Salud Pública que denunció escándalos e irregularidades administrativas, a las dos ministras de la Juventud que fueron destituidas, al caso de Inposdom con la empresa privada MIA Cargo, a las irregularidades del INABIE, al fraude con la tarjeta Supérate, a que el Gabinete de Política Social que ha regalado millones de pesos sin procesos de contratación, a la impugnación a un contrato de 2,400 millones de pesos de recogida de basura en Santo Domingo Este, a irregularidades en el Ministerio de Educación, al gasto de 154 millones de pesos en pintura presuntamente malversadas por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), a que Ministros y Directores presuntamente roban dinero de los descuentos realizados a los empleados públicos para obligarlos a aportarlos al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Indicó que el comportamiento del Ministerio Público devela una actitud de retaliación contra ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana con la que perpetuarse en el poder.
“La reflexión racional y objetiva tiene respuesta obvia, lo que sucede hoy en nuestro país es penoso y lamentable; persecución política, pan y circo, juicios mediáticos contra funcionarios del PLD para estos persecutores ganar popularidad, presentarse como héroes indispensables y así lograr perpetuarse en sus posiciones y garantizar la impunidad que necesitan ante tantos actos ilegales y arbitrarios que están realizando”, denunció.
Rodríguez, quien recientemente cumplió un año enfrentado las autoridades del Ministerio Público, es acusado de desviar fondos públicos y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su gestión como Procurador General de la Republica en el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina.
