SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez Danilo Amador Quevedo, del Tercer Juzgado de la Instrucción, deberá decidir este próximo miércoles 19 de abril sobre el nuevo acuerdo que bajo el Criterio de Oportunidad sometió la Procuraduría General de la República a favor de la empresa Odebrecht.
Al tener en sus manos la decisión sobre un asunto que ha dominado el debate nacional desde diciembre del año pasado, el magistrado Amador Quevedo se ha convertido en el centro de atención y en sus manos podría estar la suerte definitiva del escándalo de corrupción de Odebrecht en la República Dominicana.
El acuerdo que fue declarado inadmisible por el juez presidente de la coordinación de Juzgados, José Alejandro Vargas, fue sometido bajo la figura jurídica del Criterio de Oportunidad alegando que en el mismo Odebrecht reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos.
El día primero de marzo, Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público por incumplir el Código Procesal Penal en sus figuras jurídicas de la Conciliación, la Suspensión Condicional de la Pena y el Procedimiento Penal Abreviado.
Dijo que este buscaba la aminoración de la pena y podría impedir un proceso penal contra las partes involucradas en el soborno admitido por la empresa constructora Odebrecht.
Entonces, Vargas señaló que el acuerdo no podría traer conciliación entre las partes porque no se ha llevado a cabo un proceso penal contra la empresa extranjera por parte del Estado dominicano.
“Esto en virtud de que el instituto jurídico de la conciliación en el cual fundamentan sus pretensiones fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, victimas, querellantes y querellados”, resaltó Vargas durante la lectura del fallo del acuerdo señalando a su vez que dicho aspecto no es el adecuado para elaborar un convenio como este.
Empero, indicó que dicha decisión no impide que se lleve a cabo un acuerdo entre ambas partes con respecto al caso que se investiga en la Procuraduría General de la República.
Asimismo, resaltó que el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad, además que se trata de hechos graves y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.
Fuente: Acento
