Juez tiene más de un año esperando que Ministerio Público impute dos diputados del PRM y uno del PRD por caso Falcón

La investigación que abrió  la Procuraduría General de la República, a tres diputados por supuesto vínculos con la red de narcotráfico del caso Falcón, hace más de un año, parece estar atrapada en un letargo,  y todavía la Suprema Corte de Justicia (SCJ) está a la espera de que el órgano acusador le presente la investigación.

En diciembre del 2021, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Nelson Estévez Lavandier, fue el designado por esa alta corte para llevar el proceso contra los legisladores Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo; Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo, Pedernales.

Los dos primeros del PRM y el segundo miembro del PRD,  quienes tienen jurisdicción privilegiadas, sin embargo, todavía hoy no se ha depositado ni solicitado nada en la alta corte.

“Se está a la espera de solicitudes, la investigación la lleva el Ministerio Público y no han presentado acusación”, explicó una fuente del Poder Judicial a El Nacional.

A raíz de las pesquisas realizadas mediante la Operación Falcón, la investigación se extendió hacia esos tres diputados, pero la investigación da visos de que está empantanada en el Ministerio Público, que se hace llamar independiente.

Según el Ministerio Público, la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.

Se recuerda que el 27 de septiembre del pasado año, la Procuraduría General  de la República ejecutó  una orden de secuestro en la  residencia de la diputada del Partido Revolucionario Moderno(PRM) por El Seibo,  Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado),  esposa de Juan Maldonado, sindicado como el cabecilla del caso Falcón.

Un equipo de fiscales y agentes policiales se presentaron en la residencia de la legisladora oficialista y requisaron toda la vivienda; cargando con computadoras, documentos y otros objetos.

El Ministerio Público  explicó que  se trató de  la ejecución de una orden  de secuestro  por el caso que se le sigue  a su esposo.

FUENTE: EL NACIONAL