Somos Pueblo – La jueza Fátima Veloz, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha estado al frente de decisiones relevantes en procesos judiciales de alto interés público en la República Dominicana, incluyendo la reciente medida de coerción impuesta a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, así como al rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine.
En el caso más reciente, Veloz dispuso una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno de los hermanos Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia en la que murieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas. La decisión fue parte del proceso de medidas de coerción solicitado por el Ministerio Público, que continúa la investigación para determinar responsabilidades.
Anteriormente, en enero de 2024, la magistrada también conoció el caso del rapero Tekashi 6ix9ine, arrestado en el país por presunta violencia doméstica. En ese expediente, Veloz impuso una garantía económica de 30,000 pesos, presentación periódica cada dos meses, asistencia obligatoria a charlas conductuales y una orden de protección recíproca entre el artista y la supuesta víctima.
La decisión fue apelada por el Ministerio Público, que alegó que la medida no garantizaba la protección de la denunciante ni consideraba adecuadamente el riesgo de fuga, señalando además antecedentes de comportamientos violentos en el historial del imputado. Sin embargo, la Corte de Apelación confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no existían elementos suficientes que justificaran la prisión preventiva, dado que los hechos presuntamente ocurrieron fuera del país.
Ambas decisiones han generado amplio debate en la opinión pública sobre los criterios utilizados por los tribunales dominicanos en la imposición de medidas de coerción, especialmente en casos que involucran figuras públicas o implicaciones sociales significativas.
