SANTO DOMINGO. Las autoridades brasileñas buscan que la Procuraduría General de la República (de ese país) se manifieste sobre la posibilidad de que los crímenes cometidos en el exterior por el Grupo Odebrecht, que envuelven a personal público o privado, sean juzgados en Brasil.
Según publicó ayer el periódico O Estado de S. Paulo, actuales ejecutivos y pasados de Odebrecht admitieron que las operaciones de la empresa en nueve países (Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, Perú, República Dominicana y Angola) incluyeron prácticas ilícitas.
La posibilidad del procesamiento en Brasil de los casos en el exterior está contenida en la parte confidencial de la llamada “Lista de Fachin”, que comprende informaciones sobre las decisiones del relator del macro caso Lava Jato en el Tribunal Supremo Federal, Edson Fachin, indicó el periódico.
La mayor parte de los pagos irregulares fueron hechos por la División de Operaciones Estructuradas, llamada también el “departamento de propinas” de la empresa.
El medio brasileño explicó que el Tribunal Supremo Federal y la Procuraduría General de la República precisan decidir ahora si los crímenes cometidos en el exterior están sujetos a la jurisdicción brasileña.
Para definir esta parte, Fachin pidió que la Procuraduría se manifieste a la luz de dos artículos del Código Penal brasileño que tratan sobre el principio de territorialidad y el crimen de corrupción activa en transacciones comerciales internacionales.
La Procuraduría se comprometió a mantener el sigilo hasta el 1ro. de junio de las declaraciones de un grupo de delatores de Odebrecht, mientras negocian acuerdos. El periódico O Estado de S. Paulo publicó que ya están avanzadas las negociaciones de la empresa en Perú, Colombia y la República Dominicana.
Según admitió la multinacional Odebrecht ante la justicia estadounidense, entre 2001-2014 la empresa pagó US$92 millones en sobornos a oficiales del gobierno dominicano para asegurar contratos públicos.
Desde diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República -en Dominicana- ha interrogado a una treintena de funcionarios, exservidores públicos y otras personas de la sociedad civil, como parte de las investigaciones, sin que hasta el momento se haya presentado un expediente judicial.
