El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) advirtió de la importancia de la confidencialidad y el control estatal para evitar amenazas a la seguridad nacional.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la dirección de Hugo Beras Goico, ignoró una advertencia crítica emitida por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) en mayo de 2023. En una carta dirigida a Beras, el DNI subrayaba la importancia de mantener bajo control estatal y estricta confidencialidad la plataforma tecnológica que soporta la red semafórica del Gran Santo Domingo, una infraestructura vital para la seguridad vial y pública.
La misiva, firmada por Luis Soto, director del DNI, advertía que cualquier acceso no autorizado a esta plataforma representaba un riesgo considerable para la seguridad del país. La carta llegó a las oficinas del Intrant el 17 de mayo de 2023, justo antes de la licitación del Proyecto de Modernización y Gestión del Sistema de Control de Tráfico y Semáforos.
A pesar de estas advertencias, Beras avanzó con la firma de un contrato con la empresa Transcore Latam S.R.L., permitiendo la gestión de la red semafórica por una entidad privada. El acuerdo, ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está vinculado a acusaciones de fraude en el proceso de modernización de la red semafórica.
Riesgos ignorados y denuncias internas
La carta del DNI no fue la única advertencia que ignoró Beras. Según fuentes cercanas, tanto él como su jefe de gabinete, Frank Atilano Díaz Warden, recibieron denuncias del vicepresidente senior de Transcore, Michael R. Mauritz, quien señaló apropiación indebida de información por parte de Transcore Latam S.R.L.
Este caso, que ahora involucra investigaciones a nivel nacional, podría haber sido evitado si las advertencias del DNI hubieran sido tomadas con la seriedad debida. La vulneración de un sistema tan crítico como el control del tráfico en una de las ciudades más importantes del país pone en jaque no solo el orden público, sino la confianza en las instituciones del Estado.
La decisión de Hugo Beras y su equipo de seguir adelante con el contrato a pesar de las advertencias del DNI ahora tiene graves repercusiones legales. Este caso sigue desarrollándose, y será crucial para determinar las responsabilidades en la privatización de sistemas esenciales para la seguridad del país.
