En la República Dominicana, culminó este miércoles la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con la presencia de un número significativo de jefes de estado y de cancilleres. Esta Cumbre se llevó a cabo en el exquisito, costoso y bello destino turístico Punta Cana, específicamente en el Hotel Barceló Bávaro. El Canciller Miguel Vargas Maldonado optó por celebrar la cumbre allí y no en el moderno Centro de Convenciones de la Cancillería, el cual fue inaugurado en junio del 2016 con un costo a los contribuyentes de 240 millones de pesos.
Nuestros pueblos ven ir y venir cumbres tras cumbres dejando tras de sí cuantiosos gastos que sangran dolorosamente las débiles economías de cada uno de los países que la integran sin que se tenga información fidedigna de que en los referidos cónclaves se hayan dado pasos firmes en la búsqueda de soluciones de uno solo de los serios problemas que padece toda Latinoamérica.
Y es por ello que entendemos pertinente que esta cumbre aproveche que precisamente en estos momentos, varios países latinoamericanos y del Caribe están siendo sacudidos por una tormenta de corrupción e impunidad por vía de la Corporación Odebrecht, para poner en agenda esta grave situación que amenaza con poner tras las rejas a altos funcionarios corruptos y corruptores que con el mayor descaro se llenan los bolsillos con los dineros de hombres y mujeres trabajadores sin que se vislumbre consecuencia alguna.
La misma República Dominicana que fue anfitriona de la Cumbre de la CELAC que luce más bien como turismo diplomático que como jornada de trabajo, fue escenario de una gigantesca marcha el pasado domingo 22 de enero, la cual también tuvo lugar en New York, Miami, Boston entre otras ciudades de EEUU y Europa, en protesta por la rampante corrupción que asfixia a todo el país. Y lo peor de todo esto es que el propio jefe de estado, Lic. Danilo Medina, es señalado por muchos como uno de los grandes responsables de los actos dolosos y deshonestos que se materializan en el país, incluyendo, claro está, los referentes al caso Odebrecht. El Presidente Medina, conoce la decisión del pueblo dominicano de continuar de frente al gobierno hasta que los nombres de los que recibieron sobornos de Odebrecht no sean de conocimiento público y estos funestos personajes sean llevados ante la justicia. Del Presidente Medina continuar encubriendo a los implicados en el caso Odebrecht la Rep. Dom. está expuesta a continuar perdiendo credibilidad internacional, como lo comprobamos con los reportes de transparencia internacional del año 2015 donde nuestro país continúa apareciendo entre los países con altos niveles de corrupción. Ocupando el lugar 103 de 168 países en el índice de corrupción.
Ahora es el momento en que los líderes de Latinoamérica deben actuar contra la corrupción y la impunidad si de verdad están comprometido con el desarrollo de la región. Tal y como se establece en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, esta “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. No podemos continuar sosteniendo cumbres para discutir temas de desarrollo, si antes no acabamos con el mal de la corrupción que tiene a nuestros pueblos sumergidos en el subdesarrollo.
La propia CELAC debiera dar pasos concretos en la dirección de crear un Tribunal Anticorrupción que se convierta en una férrea muralla contra los corruptos que dilapidan los presupuestos de nuestros países Latinoamericanos y del Caribe que, como ya sabemos, abarcan a mas de 600 millones de habitantes a los cuales podría llegar un mensaje de aliento por vía de la CELAC y de esta manera justificar los onerosos gastos en que incurre este pesado organismo internacional. Los dominicanos y demás países de Latinoamérica vemos como positivo el desempeño de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador en investigar los caso de crimen de corrupción internacional cometido por funcionarios de los gobierno de esos países en conexión con Odebrecht. Es necesario una investigación exhaustiva y transparente de este crimen de corrupción ya que la constructora brasileña Odebrecht confeso haber pagado, entre el 2001 y 2014, aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos por la construcción de 100 proyectos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil. Los documentos publicados por el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Odebrecht y Braskem, empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos como puente para transferir fondos destinados al soborno. Estas empresas fueron condenadas a pagar 3.5 billones de dólares a Estados Unidos, Brasil y Suiza por el delito de conspiración para violar la legislación estadounidense contra sobornos.
Con todos los antecedentes en casos de corrupción entendemos como bueno y valido que desde instancias como la CELAC, PARLACEN, OEA, ONU, UNASUR, etc. se planteen proyectos en las cumbres y reuniones, de ejecución inmediata, para eliminar el mal de la corrupción de nuestras instituciones. El mayor ejemplo que pueden dar de compromiso con el desarrollo de Latinoamérica, los representantes de cada uno de los países, en especial el presidente Danilo Medina, jefe de estado del país anfitrión, es comprometerse que en lo inmediato harán de conocimiento público los nombres de los funcionarios corruptos implicados en el caso Odebrecht y caiga sobre ellos el mazo de la justicia local e internacional imponiéndoles sanciones que les impida optar por cargo público alguno nunca más.
Por Wilma Tamayo y Marino Mejía (Dominicanos Unidos Contra el Fraude -DUCFE-)
