La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha propiciado un golpe brutal a la economía dominicana. Las medidas de aislamiento social restringen la capacidad productiva de las empresas, generando lo que se conoce como un choque de oferta. En estas circunstancias, la gran mayoría de los dominicanos hemos visto comprometidos nuestros ingresos; las pequeñas empresas no facturan, los empleados formales han sido suspendidos o desahuciados, los independientes no pueden ejercer y los trabajadores informales están a su suerte.

En este tortuoso escenario existe una casta que opera como una monarquía medieval. Un grupo de dominicanos, organizados en torno a un hombre como si fuera un monarca, mantiene todos sus privilegios, salarios y lujos en medio de este gran esfuerzo colectivo.

El grupo de dominicanos que preside el Estado ha creado un reino para ellos y los suyos, donde sus intereses se sobreponen a los intereses nacionales. Esta monarquía se ha enquistado en el estado y ha socavado la poca institucionalidad que existía. Primero, concentraron los tres poderes del estado en una persona. Luego, de manera abrasiva, ocuparon todas las instituciones públicas con personas afines a ellos políticamente. Debido a esto, en medio de la crisis, los únicos que tienen su salario seguro son aquellos que laboran en instituciones públicas, que en su mayoría son militantes del partido de gobierno.

Cabe destacar la inconsistencia lógica del manejo actual de la crisis en nuestro país. La relación del estado y del sector privado es de tipo simbiótica, es decir, se benefician mutuamente. Los salarios del estado se pagan con la productividad del sector privado a través de impuestos. Es por ello lógico que ante el ajuste en que se ha visto obligado a hacer el sector privado, se corresponda un esfuerzo de igual magnitud del sector público, para reducir el déficit adicional en gasto corriente producido por la caída en las recaudaciones. Sin embargo, no se ha tomado ni una medida en este sentido.

Karl Marx decía que las clases no se suicidan, y la monarquía dominicana no es la excepción. En las monarquías siempre están primero las necesidades de la familia real. Por ello, todos los emparentados al monarca mantienen sus ingresos. Tanto el esposo y el suegro de Candy Medina Montilla, hija del presidente, cobran en el estado. La diputada y hermana del presidente Lucía Medina, su esposo y sus dos hijos cobran del estado. Por igual su otra hermana Carmen Medina Sánchez, su esposo y dos hijas. La esposa y los tres hijos de Wilfredo Medina Sánchez, otro hermano del presidente, también cobran en instituciones públicas. De igual manera, la opulencia mostrada por los hermanos del presidente Milcíades y Alexis Medina Sánchez, sobre todo en la inversión que hacen en favor de la campaña de Gonzalo Castillo, hace interpolar que han tenido facilidad de disponer de muchos recursos, aún en medio de la crisis.

La nobleza dominicana, que vendría siendo representada por el comité político y el comité central, también tiene asegurada su economía en esta crisis. Como ha sido denunciado en numerosos informes periodísticos, la gran mayoría de quienes componen estos cuerpos tienen a casi todos sus familiares cobrando en instituciones públicas, ejerzan funciones o no. Entre los casos más conocidos tenemos a Radhamés Camacho, a quien denunciaron por tener a cuatro de sus hermanos y a sus dos hijos cobrando en el estado.

Una de las características de la monarquía dominicana es que reserva las mejores posiciones para la descendencia de la nobleza. Los hijos de los dirigentes del partido oficial son instalados inmediatamente en el aparato gubernamental. En algunos casos pueden hacerlos ministros, como en el caso de Felucho Jiménez. En otros, pueden asignarlos a recibir salarios equivalentes a los de gerentes del sector privado, con muy pocas funciones o sin tener que asistir. En el mejor de los casos, sí poseen funciones, pero reciben tres o cuatro veces el salario que personas que hacen el mismo trabajo, o su equivalente en el sector privado. Viven como reyes.

Como en el antiguo régimen de Francia, la integridad física de la nobleza es intocable. Es por esto que parte de los impuestos frutos del sudor del pueblo se invierten en su seguridad. Mientras la delincuencia arrasa con la clase trabajadora, los que forman parte de la monarquía y sus familias andan con seguridad proporcionada por el Estado. Mejor que la muerte llegue a nuestras casas, y no a la de nuestra honorable nobleza.

En las monarquías europeas, la palabra del Rey y la ley eran sinónimos. La palabra del rey adquiría carácter legal superior al de los cuerpos legislativos. La nobleza, por extensión, no se adscribía a las leyes del pueblo; eran sujetos a la palabra del rey. De igual manera, los nobles dominicanos no están sujetos a las leyes del pueblo; pueden hacer negocios con el estado, hacer contratos ilegales por miles de millones pesos o malversar fondos sin ninguna consecuencia legal. El aparato de justicia creado por el monarca está hecho para que la ley no toque a la nobleza. Por eso vemos como los ellos, que llegaron sin nada al gobierno, poseen hoy inmensas fortunas, y nadie los investiga.

Al igual que en toda monarquía, los cortesanos juegan al ego del monarca. Con adulaciones y palabras vacías tratan de comprar su favor. Si alguien le cae en gracia, el monarca dispone de grandes fortunas a favor de estos sustraídas del patrimonio del estado, es decir, de nuestros impuestos. Aquellos con acceso a medios de comunicación son los preferidos de Danilo; a cambio de los bienes económicos recibidos, tergiversan la realidad y crean narrativas favorables a él. Esto hace que aquellos con menos educación o capacidad crítica compren las mentiras que se fabrican desde Palacio, y crea dos realidades: la realidad del país, y la realidad del gobierno y las bocinas.

El mejor escenario posible dentro de la crisis la tienen las denominadas “botellas”, vinculadas a la nobleza. A diferencia de aquellas personas que sí ejercen una función en el estado, estos están cobrando la totalidad de sus “salarios” sin hacer ningún tipo de actividad productiva para la sociedad. En comparación con el sacrificado sector privado, que ha visto mermar sus ingresos, las botellas tienen el privilegio de ser mantenidos por el estado, sin hacer nada ahora, y sin el compromiso de hacer nada en el futuro.

En la mente de los monarcas dominicanos, somos sus súbditos; ciudadanos de segunda categoría. Como no hemos sido selectos por Dios, debemos trabajar y pagar impuestos para que en la nobleza mantengan la opulencia. En medio de una crisis en la que impera el recorte de gastos innecesarios y el rescate al sector productivo, y mientras los privados hacemos un gran esfuerzo por no morir, la monarquía dominicana se niega a sacrificar sus privilegios. Ni reducción de salarios, ni de los numerosos beneficios de los que gozan, ni sus yipetas, choferes, dietas, combustibles, nada. Se sacrifica el sector privado para mantener el estado. Sólo nos queda aceptar la voluntad de la Providencia de que la razón de ser de nuestra existencia es trabajar para que con nuestro sudor y nuestros impuestos, los funcionarios, sus hijos y nietos vivan como reyes.

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