Somos Pueblo – La tragedia del Jet Set no fue solo el resultado de la grave negligencia de los hermanos Maribel y Antonio Espaillat. Ellos, a pesar de tener pleno conocimiento del deterioro del techo, actuaron con total irrespeto a la vida humana y permitieron que el establecimiento siguiera operando. Sin embargo, esta catástrofe también es consecuencia directa de un Estado Dominicano irresponsable —gobiernos de todos los partidos a lo largo de décadas— que permitió el funcionamiento del Jet Set Club sin ningún tipo de supervisión ni control efectivo. Nuestra Constitución en su artículo 148, establece la responsabilidad civil del estado por «los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica».
El Estado Dominicano incurrió en responsabilidad patrimonial. Esto significa que el Gobierno es legal y moralmente corresponsable cuando omite cumplir sus obligaciones de vigilancia y fiscalización. Las diferentes leyes especiales dominicanas establecen de manera explícita el deber del Estado de inspeccionar, regular y garantizar la seguridad en establecimientos abiertos al público. Si las autoridades hubieran ejercido ese rol de supervisión continua, esta tragedia no habría ocurrido. Al fallar en su deber, el Estado se convirtió en corresponsable directo de la pérdida de 236 vidas humanas, decenas de heridos graves y cientos de huérfanos.
Mientras tanto, en 2025 el Estado gastó, según registros públicos, al menos 10 mil millones de pesos en publicidad gubernamental: un gasto excesivo y de escaso beneficio real para el país. Este contraste entre prioridades plantea una pregunta fundamental: ¿no sería más justo y responsable reorientar parte de esos recursos hacia la reparación de las víctimas de una tragedia en la que el propio Estado falló?
Por eso, propongo que desde el Gobierno se proponga con urgencia un proyecto de ley que cree un Fondo Especial de Compensación para las Víctimas del Jet Set, por un monto mínimo de RD$4,000,000,000 (cuatro mil millones de pesos). Este fondo debe entregarse de forma directa, transparente y sin intermediarios a las víctimas y sus familias, se debe prohibir de forma expresa que se use para pago de honorarios de abogados, sino que SOLO sea para destinarlo específicamente a: gastos médicos y tratamientos de rehabilitación, pago de deudas generadas directamente por la tragedia, becas educativas para los huérfanos, tratamientos psicológicos y psiquiátricos a largo plazo, otras necesidades urgentes derivadas del siniestro.
Las víctimas del Jet Set lo merecen. El Estado tiene una deuda moral profunda con ellas y con todo el país por su grave irresponsabilidad. Crear este fondo no solo sería un acto de justicia reparadora, sino una demostración concreta de que las instituciones dominicanas aprenden de sus errores y colocan la vida y el bienestar de las personas por encima de cualquier otra prioridad. Es hora de que la responsabilidad se traduzca en acción real.
