Somos pueblo. – El caso de la joven Aida Nicole Reyes Gómez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado 26 de febrero en la avenida Winston Churchill, ha desatado una serie de controversias legales y políticas. Este jueves, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Centro Automovilístico impuso una medida de garantía económica de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica contra Raquel Guzmán Torres, acusada de causar la muerte de la joven de 21 años. A pesar de esta decisión, el proceso judicial está marcado por cuestionamientos y denuncias de irregularidades en la aplicación de la ley.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra Guzmán Torres, quien fue arrestada tras el accidente que involucró el vehículo en el que viajaba la víctima. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el tribunal, que optó por medidas menos severas, lo que generó malestar en la familia de la fallecida y en los abogados que representan sus intereses. El abogado de la familia de Reyes Gómez, Affe Gutiérrez, denunció debilidades en la solicitud presentada por el Ministerio Público, señalando que no se había incluido la agravante del consumo de alcohol, a pesar de que la acusada había dado positivo en la prueba de alcoholemia con un nivel de 0.9 grados de alcohol en la sangre.
Gutiérrez no solo cuestionó la omisión de este detalle crucial, sino que también criticó la falta de rigurosidad en los protocolos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Según el abogado, los agentes encargados del caso no aplicaron las pruebas adecuadas para determinar con precisión el nivel de alcohol en la sangre de Guzmán Torres. “La misma jueza afirmó que existen mecanismos para determinar el grado de alcohol, no solo con el alcoholímetro, sino también con pruebas de sangre, pero al parecer los agentes de la Digesett no tienen un protocolo claro a seguir”, expresó Gutiérrez, dejando en evidencia la posible negligencia en el manejo de la escena y la evidencia disponible.
A pesar de estas fallas en el procedimiento, el abogado señaló que el Ministerio Público tuvo tiempo suficiente para ampliar la solicitud de medida de coerción, pero no lo hizo. Este retraso ha sido especialmente criticado, dado que existen videos del accidente que fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para ser certificados e incorporados a la investigación. Según Gutiérrez, los videos no solo podrían haber servido como prueba adicional para reforzar la acusación, sino también para esclarecer las circunstancias del incidente con mayor detalle.
La decisión del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de imponer una garantía económica en lugar de prisión preventiva ha generado fuertes reacciones tanto en la sociedad como en los círculos legales. Para muchos, esta medida parece insuficiente frente a la gravedad del accidente y la presunta responsabilidad de la acusada, especialmente después de la evidencia de consumo de alcohol. La falta de una sanción más severa podría enviar un mensaje preocupante sobre la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores, especialmente en un país donde los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte.
Este caso también pone de relieve las deficiencias en el sistema de justicia y en la aplicación de protocolos de seguridad. La discusión sobre la efectividad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las irregularidades en el proceso de investigación ha tocado un punto sensible en la opinión pública, que exige respuestas claras y medidas que garanticen que casos como este no queden impunes.
El abogado de la familia de Aida Nicole Reyes Gómez adelantó que, tras la lectura íntegra de la decisión, prevista para las 3:00 de la tarde de este jueves, se analizará la posibilidad de apelar la medida. La defensa de la imputada considera que la evidencia de la alcoholemia podría ser un factor determinante para agravar las acusaciones y que la medida de coerción impuesta no es suficiente frente a los hechos ocurridos.
