Los Enemigos de la Democracia
El iluminismo Europeo de siglos XVII – XIX, como levantamiento cívico, cultural, académico y difusor de la inteligencia y entendimiento Humano, encontró y trazó las pautas de materialización que el corazón del mundo occidental implementó para con la transformación hacia lo que hoy experimentamos y comprendemos como nuestro modo de vida habitual actual, y es que nuestras creencias contemporáneas sobre el objeto de la administración del Estado, democracia, libertad civil, justicia y el Derecho, si bien tuvieron su raíz y origen en la antigua civilización Griega, pues fueron al cabo de cientos de años después, repensadas y reformadas desde la perspectiva y hechura del estudio y conocimiento basado en el principio de razonabilidad del ser humano, que rescataron consigo del oscurantismo y restricción intelectual perteneciente a la época de la Edad Media gracias y a causa de lo que la narrativa de la historia ha catalogado como los siglos de la era de la ilustración o iluminismo de la humanidad.
Por lo que es por medio de la era de la ilustración, que el mundo concibió ese desarrollo cognitivo existente en gran parte del comportamiento y sopesar político predominante en el aquí y ahora del momento presente que vive nuestra raza humana; y es que pensadores de aquella ilustre época y de la escala universal como tales lo fueron Jean Jacques Rosseau, con su tenue y sutil legado de ideas encaminadas a redefinir la organización de la vida social y política por medio de una especie de pacto, convención o contrato social, en el cual cada uno de los ciudadanos integrantes de la nación “pone en común su persona bajo la suprema dirección de la voluntad general” (Rousseau, El Contrato Social, 1762), con tal de que dicha voluntad general sea puesta en funcionamiento a través del Soberano o Estado, garantizando o albergando de esta manera, el cuidado de los intereses de cada uno de sus ciudadanos pertenecientes a ese cuerpo político que es la República, hallando así “una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado”, (Rousseau, el contrato social, 1762), lo que da lugar a un sistema integral de derechos, garantías, deberes, leyes y políticas públicas Estatales, orientadas a consagrar – sobre todas las cosas – la construcción y salvaguarda de un modo de vida orgánicamente eficiente, viable y civilizado, en donde el fin y centro de toda actuación gubernamental es el bienestar común o general del Ser Humano.
Barón de Montesquieu otro gran iluminado que sostuvo que el público gobierno tiene que ser ajeno a toda forma afiliada de despotismo y corruptela estatal, motivaciones las cuales lo llevaron a originar la formulación moderna de una de las teorías políticas más emblemáticas de toda la cultura política occidental, la muy nombrada Trias Política o Teoría de la separación de los poderes del Estado (John Locke), la cual desde una perspectiva elemental, está sustentada en la búsqueda y encuentro del equilibrio en el ejercicio del poder estatal – administrativo, mediante el efecto o de lo que deriva como consecuencia de la justa y plena interacción de la división clásica de los llamados poderes del Estado, de ahí que Montesquieu abordara que “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (…). Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” (montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 1748), son estas, algunas de las prismas intelectuales, que al cabo de siglos después, han servido de sustento a la actual convicción universal de la política occidental, de que la acumulacion de poder ante las personas que conforman la administración de la cosa pública, ocasiona un funcionamiento Estatal sin posiciones encontradas en el ejercicio del poder, lo que implícitamente conlleva a que los administradores públicos se tornen en juez y parte de sus actuaciones para con la gestión de gobierno, lo que expresamente genera y pone en manifiesto a que estos sean propensos a desenvolverse y obrar con pasiones de utilitarismos más que en prudencia, transparencia y justeza, siendo proclives a incurrir en el error doloso y en los vicios de la contumelia, el oprobio, fraude, impunidad, persecución política, tráfico de influencias y demás formas asociadas de corrupción.
La reconceptualización que dió lugar al sentido amplio que tenemos de la democracia de hoy, es en cierta medida el resultado de las distintas expresiones sociales que causaron ese conocimiento y ejercicio intelectual de aquella época, tal como lo manifiesta lo previamente señalado o como también lo fueron los interminables debates y propuestas de parlamentarios, asambleístas, revolucionarios y académicos de la estirpe de figuras como Maximilien Robespierre, quien desde el seno de la Revolución Francesa abogó por la abolición de la esclavitud, o de Joseph Sieyés, pensador político trascendental quien defendió tajantemente ante los poderes autoritarios monárquicos Europeos, el poderío de decisión e incidencia que tiene que merecer el pueblo y los comunes ante los poderes fácticos de las naciones, dando lugar a la célebre teoría política de la soberanía popular.
Pese a las experimentadas referencias académicas del conocimiento político anteriormente citado y sobre todo probado, tomando en consideración que estas han sido puestas en ejercicio por los distintos países que han logrado consolidar una verdadera democracia funcional, aún persisten numerosas sociedades del mundo, en donde los enemigos de la democracia como sistema civil de igualdad, participación y justicia, siguen haciendo caso omiso a ese conocimiento probado, para con el objeto y articulación de sociedades civilizadas, en donde el poder político este sumiso al interés general y obligado a la gobernanza pulcra, transparente y de buena voluntad; y es que los enemigos de la democracia no creen en la alternabilidad en el ejercicio del poder ni en nuevos liderazgos, así como tampoco creen en el debate, la rendición de cuentas, la participación de las mujeres y jóvenes en política o en el rol participativo de la ciudadanía en los asuntos públicos, los enemigos de la democracia jamás asumirán de modo alguno la sumisión del poder ante las leyes, los enemigos de la democracia cambian a su antojo las leyes y constituciones basados en su capricho particular y no en el interés general, en vista de que estos conciben el poder como un mero fin en sí mismo y no como un medio para alcanzar el desarrollo humano y celestial del individuo, puesto que los enemigos de la democracia, débiles en espíritu y estrechos de mente, nunca podrán comprender que la bondad de la democracia y la política se encierra, constituye y fundamenta en el amor, felicidad y bienaventuranza del Ser Humano.
