Somos Pueblo | El Gobierno anunció que el presupuesto de 2026 tendrá una reducción del 3%, bajo el supuesto objetivode eficientizar el gasto público mediante fusiones y reformas. Sin embargo, la realidad detrás de los números muestra que 16 instituciones clave sufrirán recortes drásticos, mientras que el pago de la deuda pública y los activos financieros absorberán un 11% más de los recursos de los dominicanos.
Entre los recortes más severos destaca el de la Procuraduría General, que perderá un 27% de sus fondos bajo el pretexto de transferir funciones al nuevo Ministerio de Justicia. Estos «supuestos» ahorros institucionales también afectarán áreas sensibles como el Tribunal Superior Electoral y el Ministerio de Industria y Comercio, generando dudas sobre si estas entidades podrán operar con normalidad el próximo año.
Por otro lado, sectores como Energía y Minas, Deportes y Turismo recibirán aumentos millonarios que contrastan con la austeridad aplicada a otras carteras. Mientras se le quitan recursos a la justicia, se destinan fondos masivos para los Juegos Centroamericanos y la promoción turística, lo que muchos sectores sociales interpretan como una priorización del espectáculo sobre el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica.
Finalmente, el Gobierno asegura que la fusión de Hacienda y Economía ahorrará 1,514 millones de pesos, presentándolo como un logro de transparencia y racionalización. No obstante, las críticas no han tardado en aparecer, señalando que estos ajustes presupuestarios son insuficientes frente al crecimiento del gasto corriente y el endeudamiento constante, dejando a la población con la carga de un presupuesto cada vez más ajustado.
