Entre 2016 y 2020 la Dirección General de Migración manejó un total de 5,879 “alertas migratorias” a través del Departamento de Impedimentos de la institución, recurso que según informes de las autoridades buscaba “colaborar para salvaguardar la seguridad nacional”.
A pesar de que estas alertas suponían en sus inicios un “aviso” a las autoridades para que tuvieran conocimiento acerca de los movimientos migratorios de personas bajo investigación, recientemente la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, señaló que en la historia reciente estaban siendo utilizadas como “reales impedimentos de salida” del país.
En otras palabras, “apoyados en las alertas migratorias” se les estaba impidiendo la salida a determinadas personas, incurriendo en una violación a la Ley no. 200 de Impedimentos de salida del país.
Esta ley señala en su artículo 1 que sólo se podrá impedir la salida a aquellos nacionales o extranjeros con penas impuestas por la justicia o en las leyes de policía, de migración y de sanidad.
Esta misma ley en su artículo 5 establece que en “caso de urgencia” el procurador general de la República tiene la potestad de requerir al Director General de Migración que prohíba la salida al exterior de determinada persona.
No obstante, la pieza legal establece que si en las siguientes 72 horas el procurador general no remite la documentación exigida por la Ley acerca de la persona detenida a dicho funcionario, entonces el requerimiento “quedará sin efecto y no podrán los funcionarios y empleados de migración prohibir la salida de dicha persona”.
Tras habérsele impedido salir del país el pasado jueves el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que existe una persecución y «una investigación desconocida» en su contra.
El exfuncionario se dirigía a Miami, Estados Unidos, cuando las autoridades de migración lo detuvieron en el aeropuerto.
Al respecto la magistrada Miriam Germán Brito, ocupante actual del puesto emitió un comunicado dirigido a los medios de comunicación para “aclarar” lo sucedido con Rodríguez.
En el documento expresó que sobre el exprocurador “no pesa ningún impedimento de salida del país”, por lo que no se le debió impedir que viajara a Estados Unidos y tildó de “irregular” la acción.
Germán Brito resaltó que a inicios de su gestión, en agosto del año pasado, se reunió con el Director de Migración para que fuesen levantadas las “alertas migratorias”, ya que las consideraba como “reales impedimentos de salida”, con lo que el funcionario estuvo de acuerdo.
“En ese sentido, instruí que todas fusen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de Migración, quien estuvo de acuerdo…justo al día siguiente de haber tomado esta decisión recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial, presentes además a requerimiento mío estuvo el director de Migración y los titulares del Pepca y la Dirección de Persecución (Yeni Berenice y Wilson Camacho)”, añadió.