Somos Pueblo – Santo Domingo, 2 de junio de 2025. Entre 2020 y 2024, las exoneraciones para la importación de vehículos representaron un sacrificio fiscal superior a los RD$3,854.6 millones para el Estado dominicano, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicados por el periódico Listín Diario. Este monto corresponde únicamente a exenciones del 100 %, lo que ha reavivado el debate sobre la equidad y eficiencia del sistema de incentivos fiscales vigente.
De acuerdo con la investigación de Listín Diario, el número de vehículos importados bajo este régimen ha mantenido una trayectoria ascendente. Entre 2013 y 2020 se introdujeron 24,821 unidades con algún tipo de exoneración, además de 3,875 con exención total, lo que representó un sacrificio fiscal acumulado de RD$10,819 millones en ese período.
Legisladores y sectores privilegiados, entre los principales beneficiarios.
Durante el cuatrienio 2020–2024, el total de vehículos exonerados alcanzó 30,664 unidades, de las cuales 2,517 se acogieron a una exoneración completa. En términos fiscales, esto implicó RD$19,236 millones en impuestos no recaudados, casi el doble de lo registrado en el período anterior.
Según el reportaje, los legisladores figuran entre los principales beneficiarios con RD$2,195 millones en exoneraciones. También recibieron beneficios empresas privadas (RD$681.1 millones), funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional (RD$503.2 millones), así como instituciones religiosas, incluyendo la Iglesia Católica y comunidades evangélicas (RD$294.7 millones). Las entidades gubernamentales acumularon RD$32.4 millones.
Críticas por inequidad y uso indebido
Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán (PUCMM), advirtió en declaraciones recogidas por Listín Diario que el régimen actual reproduce desigualdades estructurales. “Existe una distribución injusta desde el punto de vista impositivo. La mayoría de estas exenciones se otorgan a sectores privilegiados, mientras productos de consumo básico como la leche tienen un gravamen de 18 %”, señaló.
Además, denunció la falta de control sobre el uso real de los vehículos, indicando que muchos se utilizan con fines personales, pese a haber sido importados como activos institucionales o empresariales.
Propuestas de reforma y respuesta del Estado
Ante este panorama, Vargas propuso la creación de un Instituto de Investigación Fiscal independiente, que permita evaluar con evidencia el impacto de los incentivos. También pidió establecer mecanismos de sanción para quienes incumplan con la transparencia requerida.
Por su parte, el economista Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que para 2025 el gasto tributario por concepto de exoneraciones vehiculares podría alcanzar RD$9,192 millones, el 2.4 % del total proyectado. Subrayó la dispersión normativa y la falta de coherencia del régimen actual, recomendando una reforma integral que unifique y racionalice estos beneficios.
En respuesta a estas inquietudes, el Ministerio de Hacienda informó a Listín Diario que trabaja en una nueva metodología de evaluación del impacto fiscal de los incentivos, pero aclaró que la fiscalización corresponde a la Dirección General de Aduanas (DGA). Hasta la fecha, no se han documentado formalmente irregularidades bajo su jurisdicción.
Un desafío estructural para la reforma tributaria
La información obtenida por Listín Diario mediante una solicitud de libre acceso a la DGA también destaca que el monto de exoneraciones vehiculares en cuatro años equivale al 3.2 % del total que el Gobierno esperaba recaudar con la fallida reforma fiscal de 2024.
La investigación concluye que, al sumar otras exenciones y subsidios similares, los ingresos no percibidos podrían superar el 10 % de la meta recaudatoria, revelando que una reforma del sistema de incentivos no solo es necesaria, sino urgente desde el punto de vista de la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal.
