Somos Pueblo – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), ejecutó un amplio operativo de fiscalización en la playa Palmera, ubicada en Uvero Alto, provincia La Altagracia. Durante la intervención fueron demolidas varias edificaciones levantadas de manera ilegal dentro de los 60 metros de dominio público que establece la Ley 305-68 sobre protección de las costas.
De acuerdo con el informe oficial, los propietarios de las estructuras intervenidas no contaban con los permisos ambientales correspondientes y, a pesar de haber sido notificados en el transcurso de 2024, continuaron operando restaurantes y tiendas de artesanías en la zona restringida, incumpliendo el compromiso de desocupar el área ocupada de manera irregular.
Este operativo forma parte de la política de tolerancia cero contra los delitos ambientales implementada por el ministro Paíno Henríquez desde el inicio de su gestión. Henríquez destacó que, desde agosto de 2024 hasta la fecha, se han realizado más de 5,000 operativos a nivel nacional, una cifra sin precedentes en la historia de la institución.
El ministro precisó además que estas acciones han generado cientos de millones de pesos en multas y han llevado al sometimiento de más de mil personas por delitos ambientales. De este total, 80 están siendo procesadas judicialmente y 920 han recibido sanciones administrativas.
La jornada de fiscalización y demolición fue encabezada por la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el SENPA y técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos.
Ley 305-68: Esta normativa establece una franja de 60 metros desde la línea de pleamar hacia tierra firme en todo el litoral costero del país. Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos, preservar el paisaje natural y garantizar el libre acceso de la población a las playas, evitando construcciones que pongan en riesgo estos recursos naturales.
