Somos Pueblo | El exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, enfrentará su proceso judicial fuera de prisión tras recibir libertad bajo palabra. Se informó que el tribunal en Washington decidió no imponer prisión preventiva, permitiéndole esperar las próximas audiencias en su hogar. Se alega que Cordero está implicado en una supuesta red que utilizaba su cargo para agilizar visados a cambio de dinero en efectivo. Se presume que el exoficial deberá cumplir con un estricto calendario de citas judiciales para evitar ser arrestado nuevamente por las autoridades federales.
La acusación federal sostiene que el dominicano supuestamente cobraba montos de hasta 10,000 dólares por cada trámite migratorio realizado de forma fraudulenta. Se informó que Cordero habría ayudado a más de 100 personas a obtener visas presentándolas falsamente como colaboradores secretos de la agencia antidrogas. Se alega que este esquema de corrupción operó durante varios años, aprovechando la confianza que el consulado depositaba en su oficina. Se presume que la fiscalía cuenta con pruebas que detallan cómo se realizaban estos supuestos pagos ilícitos para burlar los controles de entrada a Estados Unidos.
A pesar de la gravedad de los cargos de soborno y fraude, el juez consideró que el imputado no representa un riesgo de fuga inminente. Se informó que, aunque está libre, Cordero tiene prohibido salir de territorio estadounidense y debe presentarse obligatoriamente a una audiencia el próximo 6 de marzo. Se alega que el escándalo ha provocado una revisión profunda de los protocolos de seguridad en la oficina local de la agencia internacional. Se presume que el Departamento de Justicia busca identificar si existen otros funcionarios dominicanos o extranjeros involucrados en esta supuesta conspiración.
Finalmente, el caso ha causado una gran sorpresa en el país debido a la alta distinción que el exjefe de la DEA tenía en los círculos de seguridad nacional. Se informó que el gobierno dominicano ya ha tomado medidas simbólicas, como retirar condecoraciones otorgadas previamente al exfuncionario tras conocerse la investigación federal. Se alega que el daño a la imagen institucional de la cooperación bilateral es considerable a raíz de estas supuestas faltas éticas. Se presume que la sentencia definitiva podría incluir varios años de cárcel y multas millonarias si se demuestra su culpabilidad ante el gran jurado.
