MIEL Y VENENO SALARIALES
Por Juan Llado — Especial para Somospueblo.com
El último escándalo de Pro Competencia sobre una licitación controversial no es el bochorno mayor a la equidad social. La mayor afrenta es que sus dos principales ejecutivas se engullen unos salarios de más de medio millón de pesos mensuales. Esto así porque teniendo la institución 8 años de creada no ha eliminado el primer monopolio u oligopolio, a pesar de que abundan. Este caso y el de otros funcionarios que lo superan ameritan exigir que la Ley de Regulación Salarial del Estado (105-13), aprobada por el Congreso hace casi cuatro años, se comience aplicar de inmediato.
Hace ya un tiempo que la prensa viene reportando distorsiones aberrantes en lo relativo a los salarios de los servidores públicos. No solo existen groseros salarios que superan lo asignado en esa Ley al Presidente de la Republica (RD$450,000), sino que existen muchos casos de salarios que difieren sin importar si son de igual nivel o características. Lo más criticable, sin embargo, es la mayúscula diferencia entre lo que ganan unos pocos –quienes también reciben otros jugosos y deslumbrantes beneficios– y lo que gana el grueso de la empleomanía estatal.
Las distorsiones oficiales se revelan más gravosas al examinar el panorama salarial del país. El sueldo mensual promedio después de impuestos se reporta como RD$17,600, mientras el salario mínimo esta entre los RD$6,500 y los RD$12,800 dependiendo del sector económico y el tamaño de la empresa. El sector sindical calcula que cerca de 1,100,000 personas reciben salarios mínimos: unas 700,000 pertenecen al sector privado y 400,000 al sector público. (“Datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) revelan que hasta junio de 2016, el 42.2% de los afiliados al Sistema Nacional de la Seguridad Social (SNSS) reportaban sueldos por debajo de los RD$10,000.00.”) Mientras, la “canasta familiar promedio” que calcula el Banco Central se situo en RD$RD$28,515.85 el pasado noviembre, lo cual implica que el salario mínimo es por lo menos tres veces menor a lo que se requiere para cubrir lo básico de una familia.
LOS MAS ALTOS SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA
-Gobernador del Banco Central $1,146,045
-Subgobernador del Banco Central $1,033,975
-Superintendente de Bancos $ 999,970
-Gerente del Banco Central $ 918,070
-Contralor del Banco Central $ 812,150
-Superintendente de Seguros $ 800,000
-Subgerente del Banco Central $ 712,905
-Superintendente de Valores $ 700,000
-Director Recursos Humanos BC $ 651,010
-Director de Aduanas $ 630,919
-Intendente de Bancos $ 603,129
-Superintendente de Electricidad $ 596,546
-Director de Impuestos Internos $ 559,600
-Presidente de INDOTEL $ 515,340
-Consultor Juridico del Banco Central $ 507,340
-Director en el Banco Central $ 483,900
-Presidente de la Republica $ 450,000
-Fuente: Diario Libre 11-10-16
Según el CREES, desde el año 2000 el empleo público ha crecido un 44%. En el 2012 el volumen de empleados públicos ascendía a 506,603, mientras en el 2013 el empleo público significo un 70% del total de empleos existentes. Puesto que los reportes de prensa dan cuenta de que desde entonces la nómina pública ha añadido más de 150,000 empleados, tendríamos un sector público con 650,000 empleados. De ahí que sea posible estimar que por lo menos medio millón de esos empleados no gana más de RD$10,000 mensuales.
Frente a los principales salarios públicos que ha reportado la prensa (ver arriba), ese nivel de remuneración es indigno y ofensivo. Pero la prensa no ha reportado los enormes ingresos del Administrador de Banreservas, a quien el rumor público le atribuye unos ingresos cercanos a los dos millones de pesos mensuales. Tampoco se han reportado los salarios de nuestros embajadores y cónsules, siendo el Cónsul en NY el que tiene los mas altos ingresos de todos ( http://www.elmotin.com.do/2016/10/26/codiciado-consulado-ny/). Y si se añaden los otros beneficios que reciben los altos funcionarios la brecha seria todavía más ultrajante.
Para unos pocos el Estado asigna miel, mientras que para los muchos imparte veneno. El ciudadano de a pie no lograra nunca comprender porque se le victimiza de esa manera.
En el sector público hay dos factores que regularmente se toman en cuenta para justificar las diferencias salariales. El primero tiene que ver con la productividad del empleado, mientras el segundo se refiere a que los salarios sean competitivos con los del sector privado para asegurar el talento debido. En un país donde la tasa de desempleo abierto ronda el 16% de la fuerza laboral, tales asideros tienen poca justificación. Basta con mencionar el caos del sector eléctrico como para saber que la productividad del Superintendente de Electricidad y del Administrador de Edeeste es pírrica. Y aunque no se conocen estudios que comparen los altos salarios del sector privado con los del público, es un lugar común que muy pocas remuneraciones privadas pueden igualar algunas de las públicas.
Se hace muy cuesta arriba pensar que alguien pueda ser indispensable, y mucho menos que no se pueda conseguir a un personal idóneo que haga un trabajo aceptable por salarios mucho menores que los reportados en los cuadros de arriba. Es seguro que, por ejemplo, se puede conseguir un profesional que maneje la Superintendencia de Seguros por menos de RD$300,000 mensuales (frente a los RD$800,000 que devenga el Superintendente de Seguros, un funcionario que no siempre asiste a su despacho).
Añade insulto a la herida el hecho de que de acuerdo a la Ley 105-13, “los funcionarios públicos no podrán percibir ninguna remuneración con cargo del Estado, distinta a la propia de su puesto de trabajo y no podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones provenientes de otras fuentes, excepto las docentes, culturales, deportivas o de investigación. Esto significa que los legisladores no podrán recibir dietas ni viáticos por asistencia a las sesiones y a las reuniones de comisiones. Ni los funcionarios designados tampoco por otras gestiones ligadas a sus cargos.” Estas provisiones de la ley se violan flagrantemente. Y si se examinan los numerosos consejos de administración del Estado –de los cuales solo para el sector eléctrico hay siete—se comprobara que el nepotismo es rampante y las remuneraciones bochornosas.
Los salarios de los funcionarios públicos no pueden medirse con la misma vara que mide los privados por cuatro razones principales.
1. FIN. Mientras en una economía de mercado el afán de lucro y el beneficio personal constituyen los objetivos del trabajo y de los salarios privados, el servidor público no puede compartir ese objetivo porque su trabajo tiene como fin último el bienestar colectivo de la sociedad y su afán de lucro está supeditado a esa realidad.
2. VOCACION. Se debe asumir que quien se enrole en el servicio público debe estar dispuesto a hacer sacrificios que no pueden pedírsele a los que abrazan ocupaciones y oficios privados. Hay un elemento patriótico implícito en el servicio público y se debe asumir que los militantes de partidos políticos que ocupen cargos públicos no se enlistan en ellos para lucrarse.
3. EQUIDAD. Los funcionarios públicos no pueden ser remunerados de una manera que ofenda la dignidad del grueso de los servidores públicos cuyos sueldos palidecen frente a los exorbitantes emolumentos que reciben algunos funcionarios. Esta es una razón política y se refiere a la cohesión social que debe buscar la política pública.
4. ESCASEZ. En una coyuntura donde la presión tributaria está en apenas 14% del PIB y se admite que con las recaudaciones resultantes no se puede lograr un esfuerzo nacional de desarrollo creíble, los sueldos de los funcionarios deben exhibir modestia. Los privados no están sujetos necesariamente a esa restricción.
Habrá algún necio que argumente que es preferible que algunos políticos ganen magasueldos a que roben. Al Estado le saldría menos costoso pagar esos altos salarios que los funcionarios incurran en prácticas de corrupción en sus cargos. Pero ese argumento se revela flácido y debilucho frente a las riquezas acumuladas de muchos de esos funcionarios que tienen los megasueldos. Los actuales escándalos sobre corrupción demuestran claramente que los megasueldos no previenen la corrupción. Quien se dedique a ser servidor público debe aceptar salarios modestos y, a la vez, actuar con probidad y honestidad en sus funciones.
Resulta imperativo pues que el Poder Ejecutivo promulgue el Reglamento que hace falta para que se comience aplicar la Ley 105-13. El Ministerio de Administracion Publica deberá de inmediato comenzar a trabajar en “el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, ver los perfiles y fijar una escala salarial para todo el sector público.” Permitir que continúe el desorden salarial del sector público da pie a que la ciudadanía reaccione con el mismo asco que le provocan los escándalos de corrupción porque al final de cuentas se trata de lo mismo. Los políticos que no entiendan eso serán acusados de propiciar la pobreza y la injusticia social.
