Somos Pueblo – Santo Domingo, 9 de julio de 2025 — Uno de los militares implicados en la presunta red de corrupción que obtenía contratos de seguridad privada en instituciones públicas mediante sobornos alegó, a través de su abogado, que actuó por instrucciones de su superior jerárquico y que facilitó su cuenta bancaria “de buena fe”.
Según explicó el abogado Franklin Piña, su cliente —un primer teniente cuyo nombre no fue revelado— cumplía funciones bajo las órdenes de un oficial de mayor rango en una de las empresas distribuidoras de electricidad del Estado. El letrado afirmó que su defendido no tenía conocimiento del uso indebido de los fondos y que su participación se limitó a seguir órdenes de su superior.
En línea similar, el abogado Víctor Manuel Marte, representante legal del primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, también sostuvo que su cliente actuó bajo subordinación y que las sumas millonarias depositadas en su cuenta se realizaron en un contexto de obediencia institucional, sin que mediara intención delictiva.
Ambos militares forman parte de un grupo de 15 personas arrestadas, entre ellos oficiales de alto rango y civiles, acusados por el Ministerio Público de integrar una estructura dedicada a gestionar de manera irregular contratos de seguridad en entidades públicas mediante sobornos.
Entre los arrestados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el primer teniente Wellington Peralta Santos. También fue detenido Bolívar Nicolás Fernández Espinal en Santiago.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los contratos bajo investigación corresponden a entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Las investigaciones fueron iniciadas a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch. El Ministerio Público evalúa actualmente las medidas de coerción a ser solicitadas contra los implicados, quienes permanecen detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
