El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, implicados en el caso de corrupción Calamar, han acordado restituir al Estado un total de 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes. Esto se realizó tras una negociación con el Ministerio Público, que decidió retirar la acción penal contra ambos, sujeto a la aprobación del tribunal.
Según la documentación del caso, la jueza ordenó notificar el acuerdo a las partes involucradas. En dicho acuerdo, Crisóstomo Herrera se comprometió a que «el pago deberá ser efectivo antes de la homologación judicial» del criterio de oportunidad, cuya audiencia está programada para el 13 de junio.
Crisóstomo Herrera ha autorizado voluntariamente el decomiso en favor del Estado dominicano de la suma de «1,101,770,078 pesos dominicanos», mediante «cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otros activos».
Por su parte, Mimilo acordó entregar «715 millones en efectivo y bienes inmuebles». Ambos individuos son colaboradores en el expediente y han reconocido su participación en delitos de asociación ilícita, sobornos y lavado de activos.
«El criterio de oportunidad se ha solicitado en base a su arrepentimiento y disposición a cooperar para procesar a los demás implicados», indican los documentos del caso Operación Calamar. Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) también solicita un criterio de oportunidad para Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. Las defensas de los acusados han cuestionado la legalidad del acuerdo con los colaboradores.
La Pepca ha formalmente acusado a 34 personas y 13 empresas de defraudar al Estado por más de 41 mil millones de pesos mediante «contratos de cesión de créditos simulados sin causa o por deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos», declarados de utilidad pública. Asimismo, se les acusa de sobornar a contratistas para financiar «ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo», uno de los principales imputados junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
