Somos Pueblo – Santo Domingo, 10 de julio de 2025 — El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas, entre ellos altos oficiales militares y civiles, acusados de integrar una supuesta red de corrupción que habría pagado más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en varias instituciones públicas.
La acusación fue presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo que depositó la solicitud. El órgano persecutor también solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la naturaleza de los hechos y el número de implicados.
Según el Ministerio Público, la red operaba mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos para garantizar contratos en entidades estatales como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas documentales y testimoniales que sustentan la implicación de los imputados”, señaló la procuradora Ortiz.
Los imputados fueron identificados como el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
El Ministerio Público les atribuye presuntas violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otras infracciones penales. Las autoridades señalan que las acciones de la red afectaron servicios públicos destinados a poblaciones vulnerables.
La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch.
La procuradora Ortiz advirtió que las indagatorias continúan y que no se descartan nuevos arrestos o imputaciones. “Como en todas nuestras investigaciones, podrían producirse más arrestos y más personas sometidas a la justicia. Esto apenas comienza”, subrayó.
