Somos Pueblo – El Ministerio Público obtuvo la homologación judicial de un acuerdo amparado en el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas admiten su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el marco de la investigación conocida como Operación Antipulpo. La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Como parte del compromiso, Montilla deberá indemnizar con RD$600 millones a las empresas Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte). Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) un monto ascendente a RD$431,816,307.90.
El acuerdo establece, además, la disolución en un plazo de dos años de varias compañías vinculadas a Montilla, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL y MG Solomon Corporation.
El documento incluye también el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza número 2, casi esquina Ortega y Gasset, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, valorado en RD$50,901,692.13.
Durante el proceso, las empresas distribuidoras estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE). Montilla y sus empresas contaron con la representación legal de los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
Según el Ministerio Público, Montilla utilizó estas empresas como vehículos societarios para participar de forma fraudulenta en procesos de contratación pública, obteniendo adjudicaciones ilícitas en perjuicio del patrimonio del Estado.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, destacaron que la decisión del tribunal constituye un avance en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, impulsada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
