Somos Pueblo – El Ministerio Público afirmó que la discoteca Jet Set operaba con una cantidad de personas significativamente superior a su capacidad autorizada la noche del colapso del techo, lo que habría dificultado las labores de evacuación y contribuido al alto número de víctimas. La información está contenida en la solicitud de medida de coerción presentada este sábado contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras.
Según el documento depositado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el permiso vigente del local limitaba su aforo a 650 personas. No obstante, el 8 de abril, fecha en la que ocurrió el derrumbe, se encontraban dentro del recinto al menos 900 asistentes.
“Los imputados permitieron el ingreso de un número de personas muy superior al autorizado, violando las normas de seguridad, lo que impidió una evacuación efectiva al momento del desplome”, señala el Ministerio Público en su acusación.
Además del presunto sobrecupo, las autoridades indican que las condiciones de las rutas de evacuación no eran las adecuadas. Según la acusación, las salidas de emergencia se encontraban obstruidas o carecían de señalización visible, lo que habría contribuido a que muchas personas quedaran atrapadas bajo los escombros sin posibilidad de recibir ayuda inmediata.
Estas afirmaciones forman parte del proceso judicial que se lleva a cabo para establecer responsabilidades en el incidente, que dejó decenas de fallecidos y una gran cantidad de heridos. El Ministerio Público continúa recabando pruebas y testimonios en el marco de la investigación.
