Somos Pueblo – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa, desmantelada a través de la Operación Lobo.
La procuradora adjunta Mirna Ortiz informó que el Ministerio Público depositó un expediente compuesto por más de 500 elementos de prueba, entre los que se incluyen pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales. El escrito de solicitud de medida de coerción consta de aproximadamente 450 páginas.
“Todos los abogados defensores han solicitado plazos para estudiar el contenido del expediente, dado su volumen y complejidad”, señaló Ortiz a los medios de comunicación a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se celebró la primera audiencia para conocer las medidas coercitivas.
La audiencia fue encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y responde a la acusación presentada el pasado 9 de julio del presente año.
Ortiz destacó la solidez de la investigación que dio lugar a la Operación Lobo, cuyos detalles no han sido divulgados en su totalidad, pero que forma parte de los esfuerzos institucionales contra la corrupción en la administración pública.
