SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, alegó que la Ley de Función Pública «no es incompatible» con el derecho a trabajar a favor de una opción electoral, en este caso en respaldo al precandidato presidencial danilista Gonzalo Castillo.
En respuesta al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y asimismo «mediante acto alguacil», e interpretando unilateralmente la Ley 41-08, el ministro de Administración Pública remarcó que la norma les prohíbe a los funcionarios públicos «dedicarse a actividades políticas cuando las mismas coincidan con la jornada laboral, o cuando se intentaren dentro de los espacios destinados al ejercicio de sus funciones».
«Del mismo modo la citada norma prohíbe -añade- el uso de bienes y fondos de la institución, con fines políticos o de intereses partidistas» y en ninguna parte contempla que deban «tomar licencia ordinaria sin disfrute de sueldo o la renuncia al cargo, motivado en la participación en actividades de carácter político».
Es decir, remarca, «esa norma no refiere prohibición alguna a los servidores públicos al libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, fuera del ámbito, espacio u horario que comprende la jornada laboral».
Además, destaca que la Ley 41-08 «es un régimen jurídico concebido con el propósito de regular las relaciones de trabajo de las personas que desempeñan cargos dentro de la Administración Pública, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores».
Finalmente, el documento entregado al PRM, sobre los cargos de niveles directivos o ministeriales, reitera «que no existe incompatibilidad alguna entre tales funciones y la actividad política, siempre que se haga respetando los horarios, espacios laborales y funciones para los cuales hayan sido designados».
Con su notificación, Ventura Camejo, dio respuesta «a la puesta en mora e intimación» del PRM, remitida mediante acto de alguacil de fecha 19 de septiembre de este año a 25 actuales funcionarios gubernamentales, que incluyen ministros, directores generales y presidentes de organismos autónomos y superintendentes, por alegada violación a la Ley 41-08 sobre Función Pública y la Ley de Régimen Electoral.
El PRM, que además de la Ley 41-08 ha advertido infracciones penales, civiles y administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes, ha alertado sobre incompatibilidades cuando se trata de funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria.
FUENTE: ACENTO
