Somos pueblo – La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo ha aplazado la audiencia del Recurso de Amparo en Cumplimiento y Extrema Urgencia interpuesto por Hernani Aquino y Ricardo Ripoll, para exigir el fiel cumplimiento de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos. La sesión, originalmente programada para hoy, se aplaza para el próximo jueves 23 de octubre, lo que posterga una decisión judicial clave para mitigar la contaminación plástica en el país.
Esta ley, promulgada en 2020, representa un pilar fundamental en la transición hacia una economía circular y sostenible, pero su implementación sigue siendo un desafío pendiente en medio de la crisis climática global.
Este recurso, busca forzar a las autoridades competentes a aplicar de manera inmediata las disposiciones de la Ley 225-20, que prohíbe la prohibición de importación y comercialización de embalaje para alimentos y bebidas de poliestireno expandido (Foam). Entre sus objetivos primordiales está la protección de ecosistemas vulnerables, como ríos, costas y suelos agrícolas, que sufren el impacto de millones de toneladas de basura plástica generadas anualmente en la República Dominicana.
El aplazamiento, aunque justificado por motivos procesales, subraya la urgencia de agilizar los mecanismos judiciales para que las normativas ambientales no queden en letra muerta, especialmente cuando el cambio climático exige acciones rápidas y decisivas.
Mientras tanto, persiste una violación flagrante al Artículo 172 de la referida ley, que prohíbe explícitamente el uso de foam (poliestireno expandido) para el embalaje de alimentos y bebidas, así como la entrega gratuita de fundas plásticas en establecimientos comerciales. A pesar de la prohibición vigente desde hace años, supermercados, restaurantes y vendedores ambulantes continúan distribuyendo estos materiales no biodegradables, contribuyendo a la acumulación de desechos tóxicos que afectan la salud pública y la biodiversidad marina. Expertos ambientales advierten que esta inacción no solo agrava la contaminación de plásticos de un solo uso, sino que también socava los esfuerzos nacionales por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Es un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a presionar por una aplicación estricta de la ley, recordando que el aplazamiento de la audiencia no debe interpretarse como un freno ambiental.
“Cada día de demora es un día más de daño irreversible a nuestro patrimonio natural”, señaló Aquino.
La audiencia del 23 de octubre representa una oportunidad crucial para que el Tribunal Superior Administrativo reafirme su rol en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, impulsando así un modelo de desarrollo que priorice la sostenibilidad sobre el consumismo desmedido.