La ley que regula la declaración jurada de bienes de determinados funcionarios públicos No.311-14, establece que los que incumplan con la misma dentro de los 30 días de su nombramiento equivale a una falta grave, sancionada por la ley  41-08, la cual en su artículo 81 acápite 3 establece que la sanción al incumplimiento es la destitución.

Sin embargo debido a la «prórroga» al margen de la ley que les otorgó el presidente Danilo Medina hasta el 30 de noviembre a los funcionarios públicos que aún no han presentado su declaración jurada de bienes, nosotros esperamos y exigimos que se cumpla la ley con los que no la han presentado.

Entendemos que deben ser cancelados e investigados todos aquellos funcionarios públicos que no presentaron su declaración jurada de bienes tal y como deben hacer por ley.

Si el gobierno tuviera voluntad de ahorrar y ser más eficente podría hacer un concurso público y transparente con participación plena de la sociedad civil como colaboradora y supervisora en el cual concursen personas por los mismos puestos devengando hasta la mitad de los salarios en los puestos que tienen una remuneración exagerada.

Eso atraería a personas con menos sed de hacer dinero y más sed de hacer una labor proba por y para el pueblo. La sociedad civil se podría encargar de depurar a las personas que participen en el concurso según lo calificadas que estén, lo probas que sean y la disposición que tengan de hacer un buen trabajo.

Esto significaría un ahorro significativo para el país y el gobierno, que tanto lo necesitan en estos momentos de crisis. Sin embargo, no es de sorprender si el gobierno no escucha a la sociedad civil y no lleva a cabo un plan tan sencillo y eficiente como este.

He aquí muy probablemente otro artículo más que sólo llegará a unos cuantos ciudadanos sufridos y preocupados por su país.

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