Santo Domingo. – En una entrevista con Diario Libre, Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la minería en República Dominicana y los planes para 2025.
Barceló destacó que 2025 será un año decisivo para el sector, en el que se vislumbran importantes proyectos, como la creación de una empresa minera pública y el interés por las tierras raras del sur del país. La nueva Ley de Minería y el estudio ambiental para el proyecto Romero también son temas relevantes. Además, resaltó la importancia del diálogo con el gobierno, especialmente con la llegada de Joel Santos al Ministerio de Energía y Minas, quien ha logrado «desbloquear asuntos estancados».
Sobre los disturbios del 8 de enero, Barceló aclaró que el reasentamiento de las comunidades afectadas por la nueva presa de cola aún no había comenzado y que no se había realizado ningún desalojo. La presidenta de Barrick explicó que, si bien hubo un proceso de negociación con los manifestantes, la violencia explotó cuando las demandas sobrepasaron lo razonable. «Estamos dispuestos a pagar precios justos, pero no podemos ceder a cifras desorbitadas», expresó.
En cuanto al proyecto de reasentamiento, Barceló detalló que se están construyendo 653 viviendas en un nuevo asentamiento denominado Nuevo Horizonte, con un presupuesto de más de 320 millones de dólares. Las casas, de concreto y con espacios adecuados, incluyen infraestructura como parques, escuelas y centros religiosos. Aseguró que el compromiso con las comunidades que aceptaron el reasentamiento será respetado, aunque señaló que quienes no formaban parte del censo original no recibirían nuevas viviendas.
La presidenta también explicó el impacto que tendría la nueva presa de cola para asegurar la producción de oro, esencial para mantener la minería en operación. «Por cada día de retraso, el Estado puede perder un millón de dólares en impuestos», subrayó Barceló. A pesar de la situación actual, Barrick Pueblo Viejo ha invertido miles de millones de dólares en impuestos y sigue comprometida con el país.
Con respecto a la posible creación de una empresa minera pública, Barceló fue clara: apoyaría una asociación o joint venture que permita a una empresa con experiencia gestionar la explotación minera. Recordó que la minería es una actividad de alto riesgo y capital intensivo, y que el Estado debe contar con el conocimiento adecuado para no repetir los errores del pasado, como ocurrió con la minera Rosario, que tuvo consecuencias económicas y ambientales negativas.
Barceló concluyó afirmando que el futuro de la minería en 2025 dependerá de avanzar con proyectos clave, como la presa de cola, que no solo contribuirán a la producción, sino también a un mayor aporte de impuestos al Estado. También reiteró la importancia de continuar el diálogo con las comunidades y evitar situaciones de violencia que afectan tanto a la empresa como a las comunidades cercanas.
