En sociedades despojadas ejercer derechos colectivos no es una elección frecuentemente socorrida. La gente prefiere tolerar, callar y aceptar. En este tipo de convivencia los intereses comunes se quiebran tanto como los motivos que convocan acciones colectivas. Ese patrón social es propio de sociedades dominadas por la desigualdad, y la nuestra es una de las más desiguales del mundo.
Con mundos sociales tan separados, cerrados y diferenciados resulta quijotesco concertar objetivos comunes. Y es que mientras un segmento de ese colectivo se “independizó” económicamente del Estado para vivir con estándares propios, otro, inmensamente grande, apenas subsiste por la “beneficencia” del mismo Estado que lo enajena. Así, coexisten dos polos desconectados en visiones, expectativas y demandas aunque compartan territorio, nacionalidad y algunos rasgos culturales. Desde esa perspectiva somos más país que nación.
Después de los doce años de Balaguer la vida dominicana era políticamente cómoda para los intereses del poder real. Cada clase social se ocupaba en lograr o mejorar sus niveles de realización al margen de las decisiones del Estado. El país estaba en manos de unas cuantas familias y una elite política subordinada a su poder. El modelo económico, basado en incentivos y protección a la inversión local, reflejaba el predominio decisorio de ese núcleo social. Las crisis eran dirimidas por acuerdos de aposento con el arbitraje de unos “notables” quienes, además de tener intereses claros en esos conflictos, suprimieron por décadas las soluciones institucionales para privilegiar sus influencias. Todavía hoy prevalecen algunas expresiones alcahuetas con esos decadentes actores que en vez de demandarles responsabilidad histórica en nuestra inoperancia institucional, les rinden los mismos honores que le niegan a gente no tan notable que se inmoló por lo que somos.
Por suerte, la salida de la escena (por caducidad o agotamiento) de los íconos de la “cultura del diálogo y la mediación social” ha permitido la emergencia de nuevos actores y la apertura de otras visiones. Una muestra de la repulsión social a ese modelo fue el rechazo generado por la creación de la comisión de “notables” designada recientemente por el Poder Ejecutivo para auditar los procesos de licitación y adjudicación de la termoeléctrica de Punta Catalina. El país afirmó su aspiración a que sus instituciones funcionen sin los bastoneros ni titiriteros de siempre, esos que se han beneficiado durante décadas de una estelaridad usurpada y que han derivado descomunales beneficios particulares de su coaching. ¡No lo queremos!
Con el advenimiento del PLD al poder sucedieron dos grandes eventos que cambiaron drásticamente las relaciones y la lógica del poder en la República Dominicana: a) la emergencia y el arraigo de una nueva clase económica formada a expensas de “los negocios del poder” gracias a una cultura política permisiva e impune; b) una adhesión política de apoyo popular en respuesta a los subsidios sociales como estrategia de dominación política.
Así las cosas, la sumisión de la clase política a la oligarquía tradicional se quebró provocando que los políticos se hicieran empresarios y los empresarios políticos. Los núcleos corporativos y clericales perdieron parte del control de las agendas públicas plegándose a un Estado confundido con el partido oficial. Los acuerdos de aposento, que antes suplantaban la institucionalidad formal, fueron sustituidos a su vez por la decisión de los órganos del partido, especialmente del Comité Político, con más autonomía y poder que todos los poderes del Estado juntos. De esa manera, frente al PLD-Estado todos los sectores sociales quedaron equiparados en indefensión. Este régimen concentrado de partido único con un ejercicio excluyente, autocrático y absolutista ha tendido, sin proponérselo, un puente de entendimiento entre los distintos segmentos de la sociedad sobre temas que les afectan indistintamente y que la sociedad no partidaria, sin considerar su categoría social, decide enfrentar con determinación pero sin mediación oficiosa, como la corrupción e impunidad.
Paralelamente a esa dinámica política se da un fenómeno que ha catalizado y expandido la retoma de los valores colectivos por la propia sociedad: las redes sociales. Ellas han invertido el triángulo del poder de la opinión. En el pasado la información era vertical: en el vértice estaban los centros de poder y en la base los consumidores pasivos de la información social. Antes, los medios tradicionales controlados por los mismas familias empresariales decidían qué era noticia, un “producto” que ya venía procesado al calco de sus intereses; ahora la información es horizontal; cada quien la produce de forma relevante e inmediata desde las propias redes, en las cuales los medios son unos usuarios más. Su potencial es inconmensurable y su expansión infinitamente horizontal.
Igualmente en el momento actual se producen otros eventos desconcertantes para los actores políticos tradicionales y son los cambios de paradigmas operados en la sociedad no partidaria, como es la redefinición misma de la llamada sociedad civil, un viejo concepto rebasado por el de ciudadanía responsable. Cuando se habla de sociedad civil en la República Dominicana asoman nombres emblemáticos de las pocas organizaciones que han dominado piramidalmente el diálogo público con base en la misma concentración vertical que se da en la sociedad partidaria. Parte de esas organizaciones han perdido sintonía y legitimidad con las demandas sociales, y algunas, como jueces y partes en las agendas que promueven, han revelado sus verdaderas intenciones sectoriales. El fenómeno que se está dando hoy es que la participación ciudadana emerge de abajo hacia arriba como respuesta a las necesidades de sus propios espacios. Vivimos una intensa horizontalidad de la acción colectiva. Quien está ajeno a esa realidad sigue atado al concepto tradicional de sociedad civil y de espalda a los procesos sociales emergentes. Una muestra de esa transformación es la forma cómo la movilidad de las comunidades de base se articula y organiza espontáneamente con liderazgos locales que promueven la inserción de la gente en la solución de sus propios problemas. Sin ciudadanos responsables la política es un ejercicio de poder y no de participación.
Creo que empezamos a vivir otros tiempos; las señales son claras. La sociedad además de harta está dispuesta a tomar el control de su destino sin que ninguna fuerza ajena a su inspiración y determinación pueda condicionarla. El camino es sanear y fortalecer las instituciones y decirle adiós a los “notables” para siempre.
