Somos Pueblo.– La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) denunció este martes un aumento significativo en la presencia de conductores haitianos sin documentación en rutas interurbanas del país, situación que ha generado alarma en el sector transporte y ha sido atribuida, según su presidente Antonio Marte, a la inacción de las autoridades encargadas de regular y fiscalizar el tránsito terrestre.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, transmitido por la emisora Z101, Marte responsabilizó directamente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), al asegurar que estos organismos permiten la operación de conductores extranjeros sin licencia ni documentación oficial. Según afirmó, se ha detectado la presencia de al menos tres choferes haitianos solo en una de las rutas que opera Conatra.
“El Intrant los deja ahí, nosotros los sacamos y ellos vuelven al otro día”, expresó Marte con evidente frustración, añadiendo que parte del problema se debe también al alquiler de vehículos a través de rent cars que, según explicó, son utilizados por ciudadanos dominicanos para transportar a haitianos indocumentados, vulnerando así el marco legal del transporte de pasajeros en el país.
El también senador por la provincia Santiago Rodríguez advirtió que existen rutas donde operan más de 20 choferes extranjeros sin estatus migratorio regular ni documentación requerida para conducir, lo cual, a su juicio, representa un peligro para los usuarios del transporte público. “Las autoridades deben detenerlos e impedir que esto continúe”, exigió, criticando además la debilidad del control estatal sobre el sector.
Marte sostuvo que la corrupción en el sistema de justicia contribuye a perpetuar esta situación. “Aquí hay que endurecer las penas. El problema es que la justicia es muy blanda, los fiscales, los jueces, los guardias y los inspectores aceptan sobornos. Y por más que el director trate de combatir la corrupción, no puede controlarlo todo”, declaró, haciendo alusión al aparente esfuerzo de algunos funcionarios frente a la persistencia de irregularidades.
Asimismo, se refirió al interés del presidente de la República en atender la crisis del transporte y la migración irregular, aunque cuestionó la eficacia de algunos nombramientos dentro del gabinete. “El presidente está interesado y preocupado por el tema haitiano, pero el director general que nombró es un hombre que no coge corte”, manifestó, sin especificar nombres.
En otro orden, Marte abordó el impacto estructural del sistema de transporte sobre la sociedad dominicana. Aseguró que los problemas actuales no solo afectan al sector choferil, sino también a la ciudadanía en general. “El transporte es tuyo, mío y de todos. Si no lo resolvemos entre todos, pagaremos grandes consecuencias”, advirtió. Reiteró que la situación del tránsito en el país carece de soluciones a largo plazo, pese al interés presidencial por reformarlo.
En cuanto a la implementación de pruebas de dopaje en el gremio, Marte informó que en diciembre pasado se realizaron operativos de control en distintas provincias como Santo Domingo, Bahoruco, Azua y Barahona. Como resultado, fueron desvinculados 17 conductores tras arrojar resultados positivos. “Puedo presentar las copias de los cheques de liquidación. Las pruebas más recientes aún no han salido, pero aseguro que en Conatra estamos saneados”, subrayó, insistiendo en el compromiso del gremio con la seguridad vial.
Finalmente, Marte se refirió al desempeño del corredor de la avenida Núñez de Cáceres, uno de los proyectos impulsados en el marco del plan de reorganización del transporte público. Señaló que, aunque inicialmente se proyectaba transportar entre 12,000 y 16,000 pasajeros diarios, la operación del corredor ha caído a poco más de 5,000 usuarios al día. Según explicó, la entrada masiva de motocicletas en la ruta, con paradas improvisadas en múltiples esquinas, desplazó parte significativa de la demanda. “Tan pronto sacaron los carros y los autobuses, los motores se repartieron la clientela. El Intrant no hizo nada”, sostuvo.
La advertencia de Antonio Marte plantea serias interrogantes sobre la efectividad del marco regulatorio del transporte en el país, así como sobre la capacidad del Estado para fiscalizar las condiciones de operación de los actores que intervienen en este sector vital para la movilidad ciudadana. Las denuncias sobre choferes sin documentación, corrupción en el sistema judicial y falta de control operativo obligan a una revisión profunda de las políticas actuales, si se pretende avanzar hacia un sistema de transporte seguro, legal y funcional.
