Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader admitió esta semana que los recurrentes apagones en el país “son un dolor de cabeza” para la ciudadanía y anunció un nuevo préstamo de 75 millones de dólares, gestionado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para reforzar la infraestructura eléctrica. El proyecto, enviado al Congreso el pasado lunes, priorizará mejoras en la distribución en provincias como Santo Domingo, Samaná y La Altagracia, aunque expertos cuestionan si esta medida resolverá un problema histórico o solo mitigará sus síntomas.
El préstamo, que será administrado por las distribuidoras Edesur, Edenorte y Edeeste, busca modernizar redes, reducir pérdidas técnicas y mejorar la calidad del servicio. Según la carta enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, los fondos se destinarán a “conexiones eficientes” y a estabilizar el suministro en zonas críticas. El acuerdo con la CAF establece un plazo de 13 años, con 26 cuotas semestrales y comisiones adicionales, cuya tasa de interés no ha sido revelada. Los diputados comenzarán su análisis el 27 de febrero, en medio de presiones por agilizar su aprobación.
Un problema estructural, una crisis recurrente
La crisis eléctrica dominicana tiene décadas de arrastre. Tras la privatización parcial del sector en los 90, las distribuidoras no han logrado reducir pérdidas que superan el 30% de la energía generada, según datos de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). “Este préstamo podría aliviar fallas técnicas, pero sin una reforma integral, seguiremos en un círculo vicioso”, advierte Miguelina Castillo, economista especializada en energía. Mientras, los usuarios soportan cortes de hasta 12 horas diarias en regiones como San Cristóbal o Barahona, afectando comercios, salud y educación.
Aunque Abinader insiste en que el plan es “un paso crucial”, sectores políticos y sociales exigen transparencia. Juan Jiménez, portavoz del Frente Amplio por la Reforma Eléctrica, cuestiona: “¿Por qué más deuda si no hay auditorías públicas a las distribuidoras?”. Mientras, el Gobierno defiende que, sin inversión, no hay solución. El tiempo dirá si este préstamo marca un antes y un después o se suma a la lista de intentos fallidos en un país donde la luz sigue siendo un privilegio, no un derecho.
La CAF ha financiado proyectos en RD por más de 1,200 millones de dólares desde 2018, según su informe anual. Sin embargo, el 22% de los dominicanos aún carece de acceso estable a electricidad, según el Banco Mundial. La credibilidad del plan dependerá de su ejecución: un desafío técnico y, sobre todo, político.
