La misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) criticó que en la República Dominicana no existe un verdadero control ni fiscalización de las finanzas de los partidos ni de las candidaturas, a pesar de que existen disposiciones legales.
En su informe preliminar sobre las elecciones del pasado domingo, los observadores advierten que uno de los rasgos más notorios del proceso electoral fue la masiva distribución de dádivas y asistencias a la población por parte de distintas agrupaciones y actores políticos.
Sostuvo que a pesar de la Junta Central Electoral (JCE) indicar que las “ayuda humanitaria” debían ser considerada dentro de los topes de gasto de campaña, la entrega de alimentos, medicinas, combustible, materiales de construcción, las facilidades de atención médica y hasta la realización de vuelos de repatriación no se encuentran enumerados en los gastos permitidos y más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos.
Establece que la falta de acción de las autoridades en esa materia, al igual que frente a las múltiples denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales, refuerza la necesidad de otorgar a la persecución penal electoral mayores herramientas para hacer valer el catálogo de prohibiciones que contemplan las legislaciones.
Aduce que si bien la aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, constituyen una muestra de la vocación de mejora continua del sistema electoral se necesita realizar ajustes para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones.
La OEA valoró la plataforma informática de la JCE para facilitar la recepción de los informes financieros de las agrupaciones y actores políticos, pero que pudo comprobar que, a la fecha de publicación de los reportes, solo 24 de las 35 organizaciones políticas con personalidad jurídica entregaron sus presupuestos generales para el año 2020.
Solo cinco de los seis candidatos presidenciales presentaron sus informes de ingresos y egresos, dice.
El informe advierte que la ausencia de reglas para la distribución de los recursos estatales a lo interno de los partidos (entre las distintas candidaturas y niveles de elección), se traduce en la práctica en una inyección prioritaria de recursos a la campaña presidencial.
En consecuencia, esa situación da paso a que muchas candidaturas congresuales deban financiarse en gran medida o en su totalidad con contribuciones privadas.
“Esto genera una ventaja electoral para aquellos candidatos con mayor acceso a financiamiento privado y aumenta el riesgo de corrupción, tráfico de influencias y penetración de fondos provenientes de actividades ilícitas», señala.
Contrario a una tendencia regional reciente, la misión también subraya que «no existe financiamiento dirigido a promover candidaturas de mujeres”, destaca.
