Somos Pueblo – Miami, 7 de julio de 2025 — Líderes de la comunidad haitiana en Estados Unidos han expresado su preocupación ante la posible eliminación de mecanismos migratorios que actualmente protegen a cientos de miles de ciudadanos de origen haitiano. La advertencia se produce en el contexto de nuevas políticas impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump, entre ellas la supresión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del programa de parole humanitario.
Según voceros de organizaciones con sede en Florida, donde reside la mayor parte de la diáspora haitiana en Estados Unidos, estas medidas podrían afectar a más de 700,000 personas que, de acuerdo con dichas organizaciones, llegaron de forma legal al país. El temor entre los afectados ha crecido debido a que, en paralelo a los anuncios de eliminación del TPS, el Gobierno también declaró recientemente una prohibición de viajes a Haití, citando preocupaciones por la violencia y la inseguridad.
Líderes como Marleine Bastien, concejal del condado de Miami-Dade, señalaron que muchas de estas personas tienen años residiendo en Estados Unidos, trabajando y aportando a la economía local. “Estaban aquí legalmente. Trabajaban y contribuían, pero ahora se enfrentan a la posibilidad de ser enviados a un país sumido en el caos”, expresó en declaraciones a la agencia EFE.
La situación en Haití continúa siendo crítica. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país no ha celebrado elecciones, y diversos organismos internacionales, como la ONU, han alertado sobre el agravamiento de la violencia. Solo en la primera mitad de 2025 se registraron más de 4,000 homicidios, y actualmente más de 1.3 millones de personas permanecen desplazadas internamente, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En ese contexto, representantes de la organización Family Action Network Movement (FANM), con sede en Miami, calificaron como un “acto de crueldad” el posible regreso forzado de estas personas. Su director político, Paul Christian Namphy, declaró que la eventual deportación de haitianos podría poner en riesgo sus vidas y tendría implicaciones humanitarias y económicas significativas. Según cifras citadas por los grupos comunitarios, alrededor del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Haití depende de las remesas enviadas desde el extranjero, que en 2024 superaron los 4,100 millones de dólares.
Bajo la administración del presidente Joe Biden, el TPS fue extendido hasta 2026 para más de 500,000 haitianos, mientras que el programa de parole humanitario fue ampliado en 2023. No obstante, ambas medidas han sido objeto de revisión bajo la actual administración, aunque jueces federales han suspendido provisionalmente su eliminación. El destino de estos programas permanece incierto.
Mientras tanto, en Haití sigue pendiente uno de los juicios relacionados con el magnicidio de Moïse. La Organización de Estados Americanos (OEA) instó recientemente a sus Estados miembros a apoyar la misión de seguridad multinacional desplegada en el país.
Organizaciones como FANM consideran que las medidas migratorias planteadas crean un entorno de “extrema incertidumbre” para miles de personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos y que podrían enfrentar una situación de riesgo al ser retornadas a Haití.
